Mediante un decreto legistlativo la presidenta Dina Boluarte convierte sentencias a prisión por varios años a jornadas de servicio comunitario en libertad o en vigilancia electrónica
En medio de una creciente crisis de inseguridad, autoridades como el ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros han señalado al Ministerio Público y al Poder Judicial por la liberación de delincuentes. Sin embargo, estas controvertidas decisiones judiciales podrían estar relacionadas con un decreto aprobado durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte en noviembre de 2023.
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El decreto que busca reducir la población carcelaria
El 22 de noviembre de 2023, el Diario Oficial El Peruano publicó un decreto destinado al «deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios». Este cambio legislativo elevó de 4 a 5 años el mínimo de pena requerido para dictar prisión efectiva, permitiendo que algunos condenados, incluso con sentencias vigentes, opten por cambiar su pena a servicios comunitarios.
Delitos afectados por la medida
La norma también aplica a sentencias por delitos como tentativa de robo, violación sexual a menores, extorsión, tráfico ilícito de drogas, colusión y cohecho, entre otros. Casos que antes implicaban prisión efectiva de 4 a 5 años ahora se resuelven con penas suspendidas o trabajos comunitarios.
Mineros ilegales: otro grupo beneficiado
Más de 10,000 acusados de minería ilegal podrían acogerse al Decreto Legislativo 1585. Según estadísticas del Ministerio Público, entre 2019 y marzo de 2024, se presentaron 10,510 denuncias por minería ilegal, pero solo 57 casos de minería agravada fueron resueltos. La norma establece que quienes enfrenten penas menores a 5 años podrán evitar la cárcel.
Cambios en penas de 10 a 12 años
El decreto también flexibiliza las penas mayores a una década. Por ejemplo, sentencias entre 10 y 12 años pueden ser sustituidas por vigilancia electrónica y servicios comunitarios. Este beneficio incluye a quienes ya están cumpliendo condena en penales.
