Hasta el 12 de junio
El Estado peruano se encuentra nuevamente en medio de la decisión del Legislativo y la Corte IDH después de que el Congreso aprobara en primera votación una nueva Ley de Amnistía, que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2001.
La Corte IDH estableció una fecha límite, hasta el 12 de junio, para que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte explique los alcances de la polémica norma en respuesta a una solicitud de las víctimas de las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos.
El pasado 8 de junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado solicitando formalmente al Estado peruano explicaciones sobre la polémica norma.
El 7 de junio de 2024, la Secretaría de la Corte recibió una petición que exige la intervención del Tribunal para detener el avance legislativo del Proyecto de Ley 6951/2023-CR. Este proyecto, conocido como la nueva “Ley de Amnistía”, busca declarar como prescritos los delitos de graves violaciones a derechos humanos, reconocidos internacionalmente como crímenes de lesa humanidad.
“Por medio de la presente se acusa recibo a la representación de las víctimas del escrito del 7 de junio de 2024 (…) siguiendo las instrucciones de la presidenta de la Corte y en aplicación del artículo 27.5 del reglamento del Tribunal, se solicita al Estado y a la Comisión IDH que, a más tardar el 12 de junio 2024, presenten sus observaciones a esta solicitud de medidas provisionales”, se lee en el documento.
Según el documento, la defensa de las víctimas solicitó al Tribunal que “adopte medidas provisionales en favor de las víctimas de ambos casos”. El objetivo es evitar que el Ejecutivo respalde la norma una vez sea aprobada en la segunda votación, programada para el próximo jueves. Los deudos y afectados por Barrios Altos y La Cantuta pidieron específicamente al gobierno de Dina Boluarte que “interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de dicho proyecto de ley y se abstenga de aprobar cualquier norma similar”.
La solicitud resalta específicamente la necesidad de que el Estado se abstenga de aprobar cualquier normativa similar que pudiera vulnerar los derechos de las víctimas. Esto se debe a que la norma podría tener consecuencias graves en el ámbito de los derechos humanos, al redefinir y potencialmente limitar la jurisdicción sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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