La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el Perú no permitirá la “intervención” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que solicitó detener el trámite de la ley de amnistía en favor de miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa que enfrentaron al terrorismo antes del año 2000.

“El Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie”, declaró la mandataria durante la ceremonia de graduación de 670 nuevos policías en Puente Piedra.

En su discurso, subrayó que el proyecto busca justicia para quienes arriesgaron sus vidas contra el terrorismo, y remarcó que su gobierno no permitirá la intromisión de organismos internacionales en decisiones legislativas internas.

“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, manifestó la dignataria.

La reacción se produce luego de que, el 25 de julio, la Corte IDH emitiera una resolución que ordena suspender el trámite legislativo de la ley, al considerar que vulneraría las obligaciones del Estado peruano respecto al cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, emblemáticos por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

La ley de amnistía, que fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, ha generado un amplio debate jurídico y político. Sus defensores argumentan que se trata de un acto de reparación a quienes combatieron al terrorismo.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también expresó su desacuerdo con la resolución de la Corte IDH, al igual que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el canciller Elmer Schialer. Todos coincidieron en que el Estado peruano tiene derecho a tomar decisiones soberanas sobre su legislación interna.

“Somos defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos. Esta posición del Gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad”, reiteró Boluarte.

El Ejecutivo tiene plazo hasta el próximo 15 de agosto para pronunciarse sobre la ley, aunque de las declaraciones de Boluarte se desprende que el Gobierno estará a favor de su promulgación y con ella desafiaría a la resolución de la Corte IDH.

((APUNTE))

Contra intromisión

Boluarte remarcó que su gobierno no permitirá la intromisión de organismos internacionales en decisiones legislativas internas.