Millonarios fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sirvieron para que la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) realice una cacería judicial contra miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por enfrentar al terrorismo y la delincuencia.
Así lo reveló el investigador Gino Román a un medio local al revelar la donación para un programa de esta entidad, por medio del proyecto Justicia Viva.
La ONG de Gustavo Gorriti, Carlos Rivera y otros personajes es conocida por evitar el uso del término “terrorismo” para referirse a Sendero Luminoso y el MRTA.
“La difusión por la prensa es clave para su éxito”, precisa IDL en su página web, al cual se sumaron “capacitaciones” a jueces y fiscales que luego llevaban casos donde la ONG era litigante contra las FFAA y la PNP.
“Este programa se desarrolla gracias al apoyo de United State Agency International Development (USAID)”, se acota.
Desde la Casa Blanca y en tan solo dos semanas el presidente Donald Trump ha firmado decenas de órdenes ejecutivas consideradas drásticas para el resto del mundo.
Entre las medidas está la suspensión de 90 días para la reevaluación y reajuste de la ayuda exterior que EE.UU. brinda a través de su Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Más de US$ 370,648,439 es lo que ha recibido el Perú por la cooperación internacional de USAID por 5 años. La última cifra oficial corresponde al 2023, donde recibimos US$ 114,449,965.
El documento oficial menciona a más de 40 ONG que recibieron financiamiento estadounidense, entre ellas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el IDL, que entre sus proyectos financiados está “la protección de los derechos humanos en la crisis política” y “la mejora del acceso de justicia de las víctimas del conflicto social” por la que recibieron 161 mil 100 dólares.
Miles de dólares desembolsados desde USAID son usados para defender causas que resultan perjudiciales incluso para los mismos peruanos, entre ellas la persecución a militares y policías.
CAPACITACIÓN A FISCALES Y JUECES
Oficialmente, hay 995 oenegés operando en Perú, según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI. Ni el dinero que ingresa a ellas, ni el que sale, ni los objetivos que buscan alcanzar, son regulados.
El Instituto de Defensa Legal – IDL gastó en 2022 casi 40 mil dólares en talleres con fiscales. Plan Internacional gastó más de 14 millones de dólares en un proyecto de educación sexual en convenio con el Ministerio de Educación en 2022, que debería ser revisado.
En tanto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una oenegé ambientalista que ha firmado un convenio infinito con el Poder Judicial para «capacitar» jueces, quienes después tendrán que resolver causas que ellos patrocinan, en evidente conflicto de intereses.
