Por: Julio Cesar Gago Vicuña
El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó la disolución «constitucional» del Congreso y llamó a elecciones parlamentarias, horas después, el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por «incapacidad temporal», juramentando la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país, nuestro País, desde hace mucho venía sufriendo una larga crisis política e institucional por la corrupción, surgiendo un enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso.
Bajo el contexto que, el proceso de selección no era transparente y no garantizaba la división de poderes en la nación, el gobierno había planteado esta cuestión de confianza (tercera en menos de un año) Vizcarra hizo pública su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas para el próximo 26 de enero, aplicando una norma constitucional que le habilita a ello si la cámara le niega una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales.
El Congreso dominado por el fujimorismo decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión; eligiendo primero a los miembros del TC y analizar después la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, logrando elegir a uno de ellos y nada menos que al primo hermano del presidente del Congreso Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea.
El presidente daba por hecho que, con la votación del magistrado, la cuestión de confianza le había sido denegada. Lo que de inmediato motivo la disolución del congreso.
Tras el anuncio, los responsables de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra para mostrar «su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente».
La división entre el gobierno y el Congreso data desde las elecciones del 2016, cuando el partido fujimorista Fuerza Popular logró la mayoría parlamentaria.
Vizcarra ha acusado a Fuerza Popular de utilizar su mayoría parlamentaria para hacerse con el control del Tribunal Constitucional, además de Lavado de activos dirigido por Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero- de tratar de usar las instituciones democráticas para su beneficio personal, todo al margen de la sombra de la corrupción de la constructora Odebrecht y el blindaje de sus miembros por hechos ilícitos escandalosos.
Las Fuerzas Armadas han apoyado al Ejecutivo que este martes realizaron un gran despliegue en el exterior del Congreso, para evitar disturbios e impedir la entrada de congresistas y consideramos que el cierre del congreso obedece más que nada a un clamor popular.
Ahora esperemos, pues, se lleven a cabo unas nuevas elecciones congresales que nos permitan a los peruanos elegir con sabiduría dadas las experiencias pasadas y todo vuelva al cauce democrático, contando con la disposición de parte de la OEA para ser mediadores, cuya intervención deberíamos aceptar, dentro del marco democrático».
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