Por: Iván Pedro Guevara Vásquez
Luego de la disolución del Pleno del Congreso de la República y de la no intervención del Ejército en el resguardo a las instalaciones del Parlamento Nacional, sino de la Policía, en su labor de guardián del orden interno, las aguas se estarían calmando y los peores temores se irían disipando.
Luego de una multitud de personas cercando las instalaciones del Congreso de la República -el mismo día que el actual Jefe de Estado comunicaba a la nación la disolución del Pleno congresal-, e insultando a una presidenta nombrada por el Congreso disuelto, que después renunció por el peso de los hechos, es menester hacer algunas reflexiones.
En primer lugar, con la convocatoria del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a las elecciones congresales del mes de enero de 2020 y la predisposición de no pocos partidos políticos a participar en dichos comicios electorales, se está acudiendo a actos que se refieren a una convalidación integral de los hechos del 30 de setiembre de 2019, por lo que no se augura viabilidad a los gestos del presidente de la Comisión Permanente del Congreso en proclamarse Presidente de un Pleno por ahora inexistente, y, en tal situación, presentar una demanda de competencia contra el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, habiendo en días previos planteado al Presidente de la República renunciar conjuntamente (Jefe de Estado y congresistas miembros de la Comisión Permanente del Parlamento) sabiendo que el cargo de congresista de la República es irrenunciable, no parece sino encuadrarse dentro de decisiones desesperadas que poco favor le hacen al desarrollo de nuestras instituciones democráticas.
No se debe entrar a la política activa -ni seguir en ella- pensando en obtener las mayores ganancias económicas, ni pensando en “recuperar” la inversión realizada en la campaña, porque sencillamente la política es un servicio público, el mayor servicio público realizado al Estado nación, bajo el paradigma del primado de la persona humana en sociedad. Todos tienen el derecho y el deber de participar en la vida política de la nación peruana. En democracia no hay lugar para castas políticas ni para privilegiados en lo político o social. La no reelección de congresistas y la no aceptación del Senado en el referéndum del 9 de diciembre de 2018 es una clara muestra de ello. El voto del más acaudalado millonario en lo económico vale igual que el voto del indigente o menesteroso que sobrevive a duras penas en las calles de la gran ciudad.
En segundo lugar, con la designación del actual gabinete ministerial presidido por Vicente Zeballos, al parecer se evidencia que el Jefe de Estado -fortalecido tras la disolución del Pleno congresal- asume que es mejor confiar los destinos de la nación en un grupo reducido de personas; pero no debe olvidar que el desarrollo de un país en democracia depende de la mayor convocatoria posible de los talentos diversos, en donde el criterio preponderante es el mérito, en una sociedad de inclusión social. Eso espera la multitud de personas del lunes 30 de setiembre.
