Docentes universitarios exigen al presidente José Jerí firmar la autógrafa de la Ley 12275, aprobada por el Congreso el 3 de diciembre.
La ley busca corregir artículos de la Ley Universitaria 30220 y reconocer derechos de profesores que ingresaron bajo la Ley 23733.
La Ley 12275 restaura el respeto al Estado de derecho y valora la experiencia docente, garantizando la calidad educativa.
Profesores denuncian campaña desinformativa y exigen justicia para más de 3 mil profesores afectados.
«La ley es una corrección jurídica necesaria, reconoce que los docentes cumplieron requisitos legales de su tiempo», afirman.
El Estado debe valorar la especialización y experiencia, no solo grados académicos.
«Obligar a docentes a seguir maestrías o doctorados genéricos no mejora la enseñanza, burocratiza el currículum», sostienen.
Además, los perjuducados tienen sueldos bajos y no pueden financiar estudios costosos.
La firma de la ley es crucial para retener el talento y la experiencia de docentes que han sostenido la universidad pública.

El dato

«La verdadera calidad educativa implica valorar la experiencia académica y la dignidad de estos docentes», concluyen.