Domingo Pérez con la soga al cuello

RECHAZAN MANIOBRA PARA TUMBARSE INVESTIGACIÓN

El Poder Judicial declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien solicitaba que se ordene al Ministerio Público concluir la investigación preliminar que enfrenta por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien resolvió que la solicitud de control de plazo presentada por Pérez Gómez carecía de fundamento.

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El fiscal Pérez Gómez había solicitado que se otorgara un plazo de cinco días a la Fiscalía Suprema para que determine si formaliza una investigación preparatoria o archiva el caso. Sin embargo, el magistrado Checkley desestimó el recurso, basándose en una disposición emitida por la Fiscalía Suprema el 12 de diciembre de 2024, en la que se declaró concluidas las diligencias preliminares relacionadas con este caso.

Pérez Gómez argumentó que el plazo legal de ocho meses para las diligencias preliminares había vencido en exceso, y que, hasta la fecha, no se había emitido ninguna disposición de archivo o formalización de investigación preparatoria que le permitiera ejercer su defensa.

Además, señaló que los cambios de competencia en la Fiscalía no pueden ser atribuibles al investigado, ya que la investigación se inició el 27 de marzo de 2024 y venció el 27 de noviembre del mismo año, pero la disposición de conclusión se emitió recién el 12 de diciembre, un mes después de su pedido.

En su resolución, emitida el 3 de febrero y a la que accedió RPP, el juez Checkley precisó que el plazo de las diligencias preliminares es flexible y depende de las características, complejidad y circunstancias del caso. Además, remarcó que estos plazos no pueden equipararse a los de una investigación preparatoria formalizada.

La investigación contra Pérez Gómez está vinculada a informaciones difundidas en medios de comunicación sobre una presunta propuesta para que el fiscal se encargue de la investigación del caso Cócteles, que involucra a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, con la condición de que no pierda su bono como fiscal anticorrupción.

Estos hechos fueron revelados por Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, lo que llevó al Ministerio Público a iniciar una investigación preliminar al respecto.

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