Ante la inminente investigación por la firma del lesivo acuerdo con Odebrecht en contra de los intereses del país, se ha iniciado una bronca interna entre los principales actores de esta trama que benefició a la constructora brasileña no sólo en el pago de la reparación civil, que fue menos de la mitad que solicitó la Contraloría, sino también en permitir que se denuncie al Estado peruano por más de 1,200 millones de dólares como fue el caso del Gasoducto Sur.
Al verse acorralado, el fiscal José Domingo Pérez no tuvo más opción que salir zafar cuerpo y acusar a la Procuraduría de algunos beneficios a favor de Odebrecht.
Esto luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara entregar el acuerdo a Phillip Butters tras presentar el recurso de habeas data para acceder al documento guardado bajo siete llaves.
Es así que el TC declaró “fundada la demanda por haberse vulnerado el derecho fundamental de acceso a la información pública”.
Frente a las críticas, el socio de Rafael Vela se lavó las manos y culpó a la Procuraduría de negociar las cláusulas, argumentando que el órgano medió para evitar que la empresa brasileña demande al Estado peruano por montos millonarios.
“Lo que ocurra desde el punto de vista arbitral escapa de las competencias de la Fiscalía. Se nos quiere atribuir toda la responsabilidad de otros actores (procuraduría). Cada quien es responsable de la labor que le establece la ley”, manifestó en entrevista a LP.
Tras esto, aclaró que quien tiene las competencias para evitar que el Estado sea demandado es la Procuraduría, por lo que el Ministerio Público se encargó de que Odebrecht reconozca su responsabilidad penal.
En otro momento, Domingo Pérez cuestionó que todos los cuestionamientos recaigan sobre la Fiscalía y no contra otros actores que intervinieron. “Se nos quiere atribuir toda la responsabilidad”, expresó.
“(…) El Poder Judicial lo aprobó y yo no veo que se haya hecho crítica ni en los medios ni en la academia acerca de la labor que ha tenido el Poder Judicial (…) Le está dirigiendo solamente a la Fiscalía y nuevamente debo concluir la Fiscalía solamente ve el tema de la responsabilidad penal”, argumentó.
Al respecto, la exprocuradora Katherine Ampuero criticó la actitud de Pérez. “Empezaron a huir del barco que se está hundiendo. Fiscales y procuradores responsables. Asuman”.
En tanto, Yeni Vilcatoma dijo que lo argumentado por Pérez “es falso. Nunca imputó el delito de organización criminal. Pacto impunidad sobre nuevos hechos delictivos. No comprendió el proyecto de Gasoducto. Permitió que no entreguen la información completa. Mantiene el acuerdo pese a que no declaran”.
INVESTIGACIÓN
Se sabe que la bancada de Renovación Popular presentó una moción en el Congreso para crear una comisión investigadora que analice el controvertido acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc y la constructora Odebrecht en Perú.
Este acuerdo, cuestionado públicamente, causó preocupación por los posibles perjuicios económicos y penales al Estado peruano.
La moción señala que este procedimiento debe garantizar transparencia, identificar responsables y establecer recomendaciones para prevenir irregularidades similares en el futuro.
“La información proporcionada por Odebrecht debió abarcar todas las pruebas de delitos de corrupción y lavado de activos, así como identificar a los involucrados”, destacó la bancada en su moción. Sin embargo, enfatizan que los beneficios otorgados a la empresa, como el pago de una reparación civil en un plazo de 15 años, podrían haber afectado los intereses del Estado.
Entre los proyectos investigados se encuentran la construcción de la Costa Verde en el Callao, la avenida Evitamiento en Cusco, el Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3) y la Línea 1 del Metro de Lima. Según Renovación Popular, estos casos deben ser analizados a fondo para determinar los daños ocasionados y exigir una reparación justa.
