Fujimori alegó que se estaban vulnerando sus derechos
El destino de Keiko Fujimori parece haber tomado un nuevo rumbo en el complejo laberinto legal que la rodea. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha zanjado cualquier esperanza de la líder de Fuerza Popular de viajar a España al declarar infundado su recurso de casación, un golpe contundente en su lucha por la libertad de movimiento.
El drama judicial comenzó cuando la defensa de Fujimori apeló la decisión del magistrado Víctor Zúñiga, quien negó su solicitud para viajar a Madrid el año pasado. La intención era participar en actividades de la Word Law Foundation, pero las cortes nacionales no estaban dispuestas a concederle ese privilegio. La Segunda Sala de Apelaciones Nacional ratificó esta negativa, argumentando que el proceso judicial estaba en una etapa crítica y su ausencia podría obstaculizar el curso de la justicia.
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Fujimori, en su defensa, alegó que se estaban vulnerando sus derechos al limitar su capacidad de viajar. Sin embargo, los magistrados supremos consideraron que sus argumentos carecían de sustento para trascender al interés general y contribuir al desarrollo jurisprudencial. Así, su recurso de casación fue desestimado, dejándola sin opciones legales para salir del país.
Aunque el impedimento de salida del país fue revocado en enero de este año, Fujimori sigue bajo la sombra de la comparecencia con restricciones, una situación que agrega más capítulos a su complicada historia judicial. El próximo hito será el inicio del juicio oral el 1 de agosto, donde se debatirá si la excandidata presidencial recibió aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht para sus campañas electorales en 2011 y 2016.
Los cargos que enfrenta Fujimori son graves: organización criminal, lavado de activos, entre otros. A medida que se acerca el día del juicio, la presión sobre ella aumenta, mientras que el país espera ansioso por conocer el desenlace de este intrigante caso judicial.
