Afirma jefe del gabinete, Alberto Otárola
El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, anunció que el Estado peruano aguarda una notificación oficial sobre la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del cabecilla terrorista del MRTA, Víctor Polay Campos, y anticipó un plan de defensa ante el organismo internacional.
La estrategia incluye la reactivación del grupo de trabajo intersectorial para la defensa jurídica en casos de terrorismo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya existía desde 2015 y ahora tendrá reuniones bimensuales, así como el “fortalecimiento” de las Procuradurías y “una visita al más alto nivel” a organismos internacionales de derechos humanos “para posicionar la defensa del Perú”.
Otárola brindó una rueda de prensa después de sostener una reunión por más de una hora con el ministro de Justicia, Daniel Maurate, y el procurador general del Estado, Daniel Soria.
“Estamos viendo cómo, de manera sistemática y automática, aceptan las peticiones y denuncias contra el Estado peruano. Creemos que eso requiere un posicionamiento político que trabajaremos con Cancillería y la presidenta”, dijo.
“No vamos a permitir que Polay se valga del sistema interamericano […] En el gobierno de Dina Boluarte, este terrorista no saldrá de prisión. Hacemos una invocación al Ministerio Público y Poder Judicial para evitar que esta hiena salga de prisión”, remarcó.
PREPARADOS
Maurate señaló que, hasta el momento, la Procuraduría no ha recibido ningún aviso oficial sobre la admisión de la demanda, que data del 2007.
“Corresponde esperar pacientemente para inmediatamente reaccionar y está lista para contestar cualquier observación de la parte demandante. [Esta cartera] emitirá una resolución para activar este grupo de trabajo multisectorial donde será incluido un representante del Ministerio Público y el Poder Judicial junto con la Procuraduría”, añadió.
TEMA DE ESTADO
Por su parte, Soria mencionó que la acusación de Polay “es un tema de Estado”, lo que “significa que hay que trabajar con una sola estrategia” para una defensa eficiente.
“En el informe de admisibilidad de Polay, hay que recordar que el escrito de petición fue respondido oportunamente por el Estado peruano a través de su Procuraduría internacional. Con posterioridad a esa respuesta, la CIDH consideró que los requisitos de admisibilidad se cumplen. Esta segunda respuesta obedece a ciertos tiempos para los que ya estamos preparados”, anotó.
Soria resaltó que este trámite “no incide, bajo ninguna posibilidad, en un supuesto de liberación” del cabecilla emerretista, condenado por el delito de terrorismo a 35 años de cárcel en la Base Naval de El Callao y cuya sentencia vence en enero del 2026. “Tampoco estamos hablando, mucho menos, de una acción de traslado de sistema penitenciario”, siguió.
SE CAE MANIOBRA
Carlos Llaja, procurador adjunto especializado supranacional, confió, a su turno, en que la demanda no llegará a etapa de fondo. “La CIDH tiene dos fases: la admisibilidad y la de fondo. Acabamos de terminar la primera fase, que es una revisión de aspectos procesales. En la fase de fondo, que estamos iniciando, dura unos cuatro años […] La prognosis que se tiene en este caso es que incluso no llegue a un informe de fondo ante la CIDH”, señaló.
“En el caso negado que llegara la fase final de la CIDH, que es un informe de fondo con recomendaciones, esos informes no son vinculantes, y la posición del Estado en materia de terrorismo es que no se da ni un paso atrás. La CIDH sabe que el Estado peruano, en materia de terrorismo, tiene una posición consolidada en la defensa de sus instituciones, de sus resoluciones judiciales y de todos los órganos en materia del sistema de justicia, y sobre todo una posición consolidada en el régimen penitenciario de personas que han hecho tanto daño al país como el cabecilla de una organización terrorista”, dijo.
