Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Constitucional de Lima, figura entre los ciudadanos de la región alcanzados por nuevas restricciones migratorias anunciadas por Washington. La decisión también comprende a sus familiares directos.

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Constitucional de Lima, como parte de una nueva serie de restricciones migratorias aplicadas a ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

Según informó el Departamento de Estado estadounidense, la medida alcanza a 27 personas de estos cuatro países y está vinculada, de acuerdo con Washington, con acciones relacionadas con corrupción, narcotráfico o conductas que afectarían a gobiernos elegidos democráticamente. En el caso peruano, el comunicado identificó a Núñez Matos y precisó que la restricción también alcanza a sus familiares directos.

La decisión adquiere especial atención en Perú debido a los antecedentes del magistrado en procesos relacionados con empresas y proyectos de infraestructura de capital extranjero, entre ellos el megapuerto de Chancay.

Fallo generó controversia por supervisión de Ositrán

Núñez Matos estuvo a cargo de una resolución judicial que declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa operadora del terminal portuario. El fallo estableció restricciones a determinadas facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción que Ositrán pretendía ejercer sobre las operaciones del puerto.

La resolución generó una controversia debido a las implicancias que tenía sobre la capacidad de las entidades peruanas para supervisar las actividades del terminal, considerado uno de los principales proyectos de infraestructura vinculados a la inversión china en el país.

Posteriormente, una instancia superior revisó el caso y adoptó una posición distinta respecto a los alcances de la supervisión estatal sobre el puerto, según reportes publicados durante 2026.

Otra decisión involucró a empresa china

El magistrado también emitió en 2024 una medida cautelar favorable a China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), empresa que había recibido una sanción administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La decisión permitió que la compañía continuara participando temporalmente en procesos de contratación pública mientras se suspendían los efectos de la sanción.

Sin embargo, el comunicado estadounidense sobre la revocación de la visa no especifica que el fallo relacionado con Chancay o la decisión sobre CCECC sean la causa concreta de la medida contra el juez. Washington presentó las restricciones dentro de una política más amplia relacionada con corrupción, narcotráfico y defensa de gobiernos democráticamente elegidos.

La medida se produce en un contexto de creciente atención internacional sobre el papel estratégico del puerto de Chancay y la participación de capitales chinos en proyectos de infraestructura en el Perú.