Eduardo Salhuana ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces para analizar leyes clave sobre terrorismo urbano, inseguridad y crimen organizado.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, convocó una nueva reunión de la Junta de Portavoces para discutir el informe de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre varios proyectos de ley, incluyendo uno sobre terrorismo urbano. Además, se evaluarán propuestas para modificar la Ley de Organización Criminal, que incluye ajustes a los procedimientos de allanamiento.
Proyectos clave sobre seguridad ciudadana
La sesión también se enfocará en buscar acuerdos sobre leyes destinadas a combatir la inseguridad ciudadana. Un tema que no pudo resolverse en el reciente pleno extraordinario por falta de consenso. En esta ocasión, se priorizarán propuestas que aborden el aumento de la criminalidad, la tipificación de delitos de bandas organizadas y establecer normativas claras para las intervenciones fiscales.
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Esta reunión se realizará de manera semipresencial, según la convocatoria emitida por Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso. La Junta de Portavoces está integrada por los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento y los voceros de las bancadas parlamentarias.
Impacto de la nueva Ley de Crimen Organizado
Desde el 10 de agosto de 2024, entró en vigencia la Ley Nº 32108, que redefine el delito de crimen organizado en el país. Esta nueva normativa exige más que la simple asociación de tres o más personas para ser considerada crimen organizado. Se espera que este cambio afecte las investigaciones de delitos comunes y complejos, complicando las labores de fiscales y juzgados. Abogados y jueces han advertido que esta ley podría generar una «guerra jurídica» en los tribunales peruanos.
Propuesta de servicio militar obligatorio
Por otro lado, la congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca instaurar el servicio militar obligatorio para personas entre 18 y 51 años que no estudien ni trabajen. Según el documento, esta medida busca «promover el patriotismo, la responsabilidad cívica, la disciplina y el compromiso con la defensa nacional».
El proyecto también incluye excepciones para personas con discapacidades físicas o mentales, así como para quienes enfrenten problemas de salud que les impidan realizar actividades físicas. Estudiantes y aquellos encargados del cuidado de dependientes también quedarían exentos.
