El gobierno de Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, reforzando su compromiso de desmantelar lo que califican como una «estructura represiva y antidemocrática».
El Departamento de Estado anunció un incremento en las recompensas económicas por información que facilite el arresto o condena de Maduro y sus principales aliados, mientras el Departamento del Tesoro impuso sanciones a altos funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos y corrupción.
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Recompensas millonarias por información sobre Maduro y su gabinete
De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Estado, las recompensas por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, han sido elevadas a 25 millones de dólares. Asimismo, se estableció una nueva recompensa de 15 millones de dólares por datos que conduzcan al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
«Estas medidas buscan responsabilizar a los principales actores del régimen y avanzar hacia una transición democrática en Venezuela«, señala el documento.
Sanciones financieras dirigidas a figuras clave del régimen
Además de las recompensas, las autoridades estadounidenses han intensificado las sanciones económicas contra altos funcionarios del régimen de Maduro. Entre los sancionados se encuentra Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), señalado como pieza clave en la generación de ingresos ilícitos para sostener al gobierno venezolano.
«PDVSA es central en las operaciones económicas ilícitas del régimen, y Obregón Pérez desempeña un rol fundamental en este entramado«, declaró Bradley T. Smith, subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Otro sancionado destacado es Ramón Celestino Velásquez Araguayán, presidente del consorcio estatal CONVIASA y actual ministro de Transporte. Ambas entidades han sido previamente objeto de sanciones debido a su vinculación con actividades de represión y corrupción.
Denuncias contra las fuerzas de seguridad
El impacto de las sanciones también alcanzó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y a su director, Douglas Arnoldo Rico González, acusado de liderar graves abusos de derechos humanos. Según el comunicado de Washington, el CICPC ha estado involucrado en «ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias», particularmente desde las elecciones presidenciales de julio de 2024.
