Medida permite ampliar sanciones legales y financieras sobre el tirano venezolano
La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles, dirigido por el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) abre la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región.
La decisión, que entra en vigor este lunes, encuadra a la red venezolana dentro de la misma categoría legal que grupos armados, bandas y carteles reconocidos en todo el mundo por su capacidad de generar violencia y desestabilización.
La lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) es gestionada por el Departamento de Estado y otorga a Washington facultades jurídicas amplias –por ejemplo, para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida en la lista.
Sumar al Cartel de los Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas.
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El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal. La dictadura venezolana rechaza estas acusaciones y sostiene que no existen pruebas públicas que la vinculen a redes de narcotráfico.
Aparte de las investigaciones judiciales y las sanciones sectoriales vigentes —incluido el embargo petrolero y bloqueos financieros—, el nuevo estatus autoriza una presión adicional sobre aliados, bancos, empresas e individuos que tengan relación con el régimen venezolano o con líderes del cartel. Las acciones o apoyos hacia el grupo ahora podrán ser perseguidos penalmente bajo leyes antiterroristas de Estados Unidos.
Para los expertos consultados por agencias internacionales, la inclusión del Cartel de los Soles en la lista FTO “abre nuevas opciones” para la administración norteamericana, especialmente en términos militares.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, definió la decisión como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales”. Si bien la legislación FTO no menciona ataques armados, este cambio puede servir como justificación para futuras operaciones quirúrgicas sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas.
La declaración se produce en un momento de máxima presencia militar estadounidense en el Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford —el más grande de la flota— dirige una operación acompañada por más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos, con el fin de combatir organizaciones de narcotráfico.
Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han hundido al menos 21 embarcaciones sospechosas y se han reportado más de 80 muertes.
La campaña busca asfixiar financieramente al régimen de Caracas, que ya padece hiperinflación y restricciones para colocar su petróleo en el mercado internacional. Economistas citados por AFP consideran que la designación FTO puede endurecer el embargo vigente y forzar a Venezuela a vender crudo con fuerte descuento, agravando la crisis económica.
El dictador Nicolás Maduro ha minimizado el impacto y sostiene que no se dejará “intimidar” por decisiones foráneas, mientras participa regularmente en actos públicos y exhibe el supuesto respaldo de altos mandos militares.
Analistas como el profesor Alexis Alzuru plantean que, salvo una fractura interna, las perspectivas de una negociación política entre Washington y Caracas siguen siendo remotas.
