La ACUBUR no solo demanda la vacancia del alcalde y la acción contra los regidores implicados
El escándalo sacude a La Rinconada, en Puno, donde el alcalde Lelis Enrique Quispe Ramos enfrenta nueve meses de prisión preventiva por presunto cohecho pasivo. Este caso, desencadenado por la denuncia del Ministerio Público, revela un entramado de corrupción que ha indignado a la sociedad civil y generado llamados urgentes a la destitución del burgomaestre y sus regidores.
La detención del alcalde se produjo en medio de un operativo en su domicilio, donde se encontraron S/ 20,000, una suma que, según las investigaciones, estaba relacionada con la exigencia de S/ 35,000 a la dueña de una discoteca local para evitar su clausura. La orden de prisión preventiva fue fundamentada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, que ha desplegado esfuerzos para combatir la corrupción en las instituciones gubernamentales.
La sociedad civil, representada por la Asociación Central Única de Barrios y Urbanizaciones (ACUBUR), ha reaccionado con indignación y exigido la destitución inmediata del alcalde y sus regidores. Consideran que estos funcionarios han abandonado sus deberes de fiscalización y se han involucrado en prácticas corruptas, socavando la integridad y transparencia en la gestión pública.
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La ACUBUR no solo demanda la vacancia del alcalde y la acción contra los regidores implicados, sino que también solicita la convocatoria de elecciones transitorias para restaurar la confianza en la administración local. Documentación obtenida por las autoridades muestra la presunta recaudación indebida de fondos de establecimientos nocturnos, lo que ha generado un profundo escándalo y críticas públicas.
Ante la gravedad de las acusaciones, la sociedad civil ha instado al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú a realizar una investigación exhaustiva para garantizar que se haga justicia. Este llamado refleja la determinación de la sociedad en la lucha contra la corrupción y su firme compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
El caso del alcalde Quispe Ramos pone de manifiesto la importancia de la vigilancia ciudadana y el papel fundamental de las instituciones en la lucha contra la corrupción. Solo con la participación activa de la sociedad y el firme cumplimiento de la ley se puede garantizar un gobierno justo y transparente que responda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.
