Los votos en el Congreso chileno no alcanzaron la cantidad necesaria para aprobar el retiro.
El Congreso chileno ha rechazado la noche del lunes 2 proyectos de ley que buscaban autorizar nuevos retiros de los fondos de las pensiones, una idea enormemente exitosa en un entorno económico adverso, a pesar de las inconveniencias que han avisado los técnicos para el futuro de las jubilaciones.
No se rechazaron por la responsabilidad de los congresistas frente a un escenario complejo para la estabilidad social –el sistema de fondos de pensiones ha sufrido un mal severo a partir de que en 2020 se hizo el primero de los 3 retiros autorizados–, sino ya que la atomización del Parlamento no posibilita llegar a convenios básicos en asuntos fundamentales y resulta compleja la obra de mayorías, inclusive para un Gobierno recién electo como el de Gabriel Boric.
Chile tiene un problema complejo con su sistema de pensiones que se arrastra hace lustros. En el primer régimen de Michelle Bachelet (2006-2010) ha sido el propio Mario Marcel –el presente ministro de Hacienda de Boric– que lideró una comisión consejera presidencial para una reforma al sistema previsional. En el segundo precepto de la socialista (2014-2018) hubo otro intento, en una comisión dirigida por el economista David Bravo.
De acuerdo al estudio de entonces, las pensiones podrían ser insuficientes: las tasas de reemplazo –la pensión con interacción al sueldo que obtienen los trabajadores en su historia laboral–, podrían ser del orden del 35%, una vez que el promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llega a 66%. El reto, por consiguiente, apuntaba a fortalecer los ahorros para el sistema previsional, tanto mediante los aportes del Estado como por más grandes ahorros individuales. En Chile, con un sistema basado más que nada en la capitalización personal, se cotiza apenas un 10% de los salarios.
