La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales asigna a congresistas de FP y sus aliados la tarea de redactar los informes para acusar a Salas Arenas, Vizcarra y Sagasti.
Mientras el Congreso se prepara para aprobar una ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional y busca que sus acusaciones constitucionales no sean revisadas por el Poder Judicial, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) avanza en los procesos de antejuicio y juicio político contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, así como contra los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, y los exministros Mirtha Vásquez y Pedro Francke.
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Una vez que el Congreso apruebe esta polémica ley, podrá acusarlos constitucionalmente sin que sus veredictos sean revisables en el sistema judicial, incluso si deciden presentar una demanda de amparo para proteger sus derechos.
En este momento, las denuncias están en su fase final. Ayer, durante una sesión extraordinaria, la presidenta de la Subcomisión, María Acuña (Alianza Para el Progreso), designó a los delegados encargados de elaborar los informes finales para acusar a Jorge Salas Arenas y otros exfuncionarios. Acuña confió esta tarea a colegas de bancadas que tienen una inclinación evidente contra los denunciados.
La denuncia DC 352 contra Salas Arenas por presunta colusión fue asignada al parlamentario Diego Bazán (Renovación Popular). El 5 de enero de 2023, Bazán solicitó al titular del JNE que dimitiera para «garantizar la transparencia» de las elecciones. Otra denuncia contra el magistrado, la DC 469, por presunta negociación incompatible, fue asignada al legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien ha pedido a la Comisión de Fiscalización que investigue al juez electoral debido a unas declaraciones del empresario Salatiel Marrufo.
