Por: Germán Lench Cáceres
Los Proyectos de Ley que presenten los nuevos Congresistas de la República según el Reglamento del Congreso que tiene fuerza de Ley, deben tener incluido, el análisis costo–beneficio, de la futura norma legal, por el que deberá cuantificar los pro (beneficios) y contra (costos), identificar a los beneficiados y los perjudicados. Cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por motivos estrictamente excepcionales.
El análisis costo –beneficio es parte de la elaboración de la futura norma legal y en esta parte del proyecto de ley se juntan la ciencia económica y el derecho. La economía, se encarga de evaluar la asignación de los escasos recursos, a través de sus métodos estadísticos, económicos y econométricos, juntándose con el derecho, cuya finalidad es regular la conducta humana con el objeto de conocer los impactos económicos financieros de las futuras leyes.
Por ejemplo del 100% de proyectos de ley presentados por los excongresistas, casi el 90% tenía este análisis deficientemente elaborado, con datos estadísticos desfasados y supuestos irreales, fruto del desconocimiento; por los motivos siguientes: 1) la baja calidad y conocimiento en materias especializadas de los asesores que pertenecen al despacho de los congresistas, claro no en todos los casos, 2) la falta de experiencia del equipo asesor, en razón a que en los despachos congresales había empleados por favor político (muchos de ellos con sueldos recortados), que no conocían las funciones congresales con respecto a la asesoría técnica que deben brindar.
Si revisamos los Proyectos de Ley que fueron presentado encontramos que en su mayoría, en el análisis costo beneficio, dicen beneficios muchos y costos pocos al erario nacional, lo que refleja ignorancia total en temas y falta de respeto a la majestad del Congreso y a la población.
Cabe precisar que el Parlamento llamado “primer poder del Estado” nos cuesta a todos los contribuyentes, teniendo cada Congresista derecho en su despacho, aparte de su personal administrativo, a asesores técnicos para que propongan normas técnicas, consecuencia de estudios bien elaborados, fruto de un trabajo de investigación riguroso.
Es más, el Congreso no debe convertir a las comisiones ordinarias, que deben encargarse de estudiar profundamente los Proyectos de Ley presentados, en simples mesas de partes, ya que el equipo asesor de las Comisiones, que también debe ser experimentado y especializado en cada materia, remite los proyectos de ley a los sectores o entes involucrados para que ellos opinen y si esto no ocurre, en muchos casos no dictaminan las iniciativas y si lo hacen es políticamente o sea nada.
Ejemplos hay muchos como el Proyecto de ley que declara de interés nacional la ejecución de proyectos de programas y proyectos de inversión pública, que implica la construcción de determinadas obras con la finalidad de acelerar su trámite y pasar por agua caliente al Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y Sistema Nacional de Presupuesto, que tratan que el dinero del Estado se oriente y gaste eficientemente.
Esperamos que los nuevos parlamentarios del Congreso que inicia funciones en marzo convoquen a técnicos especializados con experiencia y trabajen con rigurosidad y conocimiento, de lo contrario, el desprestigio del Congreso volverá a ser desaprobado por la ciudadanía; claro esto se puede impedir, no se olviden que el pueblo voto por el cambio.
(*) Economista
