Los casos que generaron la detención de varios altos mandos del Ejército del Perú, debido a un manejo cuestionado sobre el uso de combustible
La institución castrense originó que el Poder Judicial acepte el pedido fiscal para proceder con la diligencia. El hecho trae a la memoria los dos casos de Gasolinazo que también salpicaron a generales y oficiales.
De los casos mas recordados es el que involucró al general Edwin Donayre, también excongresista de la República, referido según la fiscalía al robo de combustible que hizo la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejécrcito y la Región Militar Sur durante el 2006, cuando este ocupaba la comandancia.
El Ministerio Público acusó a Donayre y otras 40 personas (militares y civiles) de inventar una supuesta necesidad de mayor combustible para justificar la aprobación de dotaciones extraordinarias de petróleo y gasolina de 84 octanos. Y venderla a los grifos mas cercanos.
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El denominado nuevo Gazolinazo, el segundo sonado caso que comprometía al Ejército peruano con la sustracción y comercialización de combustible, incluyó en su investigación al general EP (r) César Astudillo, en ese entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y otros 11 miembros de la institución.
El Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaron desde que se denunció el hecho en 2018, el allanamiento de las viviendas y las oficinas de los altos mandos militares en Lima y Piura. Además, la fiscalía llegó a solicitar la prisión preventiva por 36 meses para todos los investigados.
Según la investigación, se habría descubierto en flagrancia a una organización criminal que estaba integrada por oficiales del Ejército del Perú, quienes retiraban irregularmente pretróleo del grifo del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, más conocido como COEDE.
El nuevo Gasolinazo salió a la luz con otro caso que salpicaba a militares con el combustible, los Capos del diésel, que operó de manera sistemática desde el 2013.
Este caso, se detuvo a fines del 2019 a 21 miembros del Ejército, entre ellos generales en retiro, coroneles, mayores y suboficiales, inclusive a un policía. El Ministerio Público solicitó para ellos una detención preliminar de 10 días y realizó, al igual que con el nuevo Gasolinazo, allanamientos a viviendas y escuelas de formación castrense.
