– ¿Qué opinión le merece lo anunciado por el gobierno sobre la reapertura de El Frontón?

Lo anunciado por el gobierno es toda una voluntad política de la construcción de un penal de máxima seguridad y a su vez representa un reto de modernización de la infraestructura penitenciaria, en la medida que se destinará a internos de alta peligrosidad, entiéndase narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y que, además, por su ubicación lo convierte en una logística de carácter estratégico que permita aislar y neutralizar redes criminales que están operando desde las cárceles comunes.

El Frontón será estratégico para evitar fuga de información, para evitar la corrupción dentro del propio sistema penitenciario y sobre todo, evitar las manipulaciones ideológicas de los internos por parte de sectores criminales o movimientos internacionales dedicados al sabotaje y la desestibilización política de los países.

 

– ¿Qué impacto tendría El Frontón en la política carcelaria actual?

El Frontón debe ser considerado como un asunto de seguridad nacional, puesto que hacer un penal de máxima seguridad tiende a neutralizar redes criminales y para ello tiene que trabajarse bajo algunas pautas de inteligencia estratégica penitenciaria, como por ejemplo, que tenga características de un sistema penitenciario aislado de tecnologías, inhibidores de señales, que además pueda implementarse un trabajo de inteligencia interinstitucional en el que participe el INPE, la Marina de Guerra, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, para lo cual se tendría que suscribir un acuerdo de cooperación interinstitucional.

 

– ¿Qué garantías de Derechos Humanos deberían existir para que El Frontón no repita los errores del pasado?

En primer lugar, la doctrina de los Derechos Humanos debe garantizar condiciones penitenciarias sin que se convierta en un obstáculo político penitenciario. Es decir, deben darse las condiciones penitenciarias dignas, entiéndase derechos a la salud, alimentación y debido proceso; esto es fundamental, puesto que la misión es que el sistema penitenciario peruano esté alineado a los estándares internacionales aplicando la primacía de la seguridad nacional para toda la población. Sin embargo, se debe evitar que el discurso de los derechos humanos sea monopolizado por sectores altamente ideologizados que, muchas veces, tienen como objetivo bloquear ciertos criterios de medidas de seguridad nacional. Por lo tanto, reactivar El Frontón, tiene que venir acompañado, como así parece, como una voluntad política penitenciaria de carácter sostenido.

 

– ¿Se corre el riesgo de que éste sea un anuncio más que no llegue a concretarse? 

Insisto nuevamente en una voluntad política sostenida, que contenga un plan de trabajo que se fundamente en asegurar que el proyecto deba trascender al cambio de gobierno y para ello se necesita un marco normativo; es importante que este plan de trabajo incluya un planeamiento en inteligencia y contrainteligencia, es decir que se elabore el mapeo criminal previo, porque en El Frontón se deben recluir a los líderes de organizaciones criminales, no a cualquier recluso. Debe efectuarse un monitoreo de las amenazas externas como sabotajes o presión social y política de ciertos sectores.