Desde hace cinco meses, el Comando Unificado Pataz ha logrado certeros golpes en la provincia liberteña que suman más de S/240 millones, pero hay mucho por hacer.
Las principales noticias sobre minería en Perú han pasado de estar asociadas a la prosperidad, la bonanza económica y el aumento de las inversiones. Para ocupar las primeras planas de las notas relacionadas con gravísimos crímenes que amenazan irónicamente la estabilidad fiscal.
En el centro de la discusión está Pataz, una provincia andina de la región La Libertad de aproximadamente 86 mil habitantes. Alberga codiciadas minas informales de oro o minas formales invadidas por ilegales bajo el amparo del Reinfo. Se han convertido en el bastión de organizaciones criminales. Al menos hasta mayo de este año, las bocaminas estuvieron manchadas de sangre sin que nadie pueda hacer nada.
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Sin embargo, el 9 de mayo el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) asumió el orden interno de la zona y la situación ha empezado a cambiar. En este tiempo, ha asestado importantes golpes a la minería ilegal que representan más de S/240 millones en pérdidas a su actividad ilícita. Al fin parece que surte efecto el estado de emergencia que inició en febrero del año pasado.
En total, desde mayo, el CUPAZ ha logrado interdictar 70 bocaminas, 22 socavones y 52 campamentos mineros. Ha incautado 7 retroexcavadoras, 79 vehículos mineros, 1,350 unidades de dinamita, 4,731 detonadores. Así como carabinas, pistolas, fusiles, municiones, chalecos antibalas y muchos artículos más que servían para causar zozobra en la zona.
