Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Pedro Castillo desprecia abiertamente la institucionalidad y las leyes. Desprecia la transparencia y el equilibrio de poderes. Muestra un trastocado entendimiento sobre el cargo que ocupa, al considerar que no está obligado a rendir cuentas y que su inmunidad funcional es sinónimo de impunidad.
Actúa como un vulgar aspirante a autócrata que considera que el Estado es su chacra y que los peruanos solo son una masa amorfa sin identidad que no merece explicaciones sobre su mediocre y oscuro accionar.
Así se ha comportado desde el primer día de su gestión y lo ha hecho con el aplauso rastrero de izquierdistas, caviares y oportunistas, y el cobarde silencio y convenido desinterés mostrado por un buen sector de la oposición.
Y gracias a lo ocurrido en el Congreso la semana pasada, lo seguirá haciendo. Solo que ahora con un número mayor de cómplices.
Porque el rechazo a la admisión de la moción de vacancia fue el resultado de una repartija y un convenido cálculo político.
Vladimir Cerrón negoció la votación en bloque de 20 legisladores cerronistas a cambio de un control real en el gobierno a través del gabinete, algo que complicará las aspiraciones inmediatas de Verónika Mendoza y Juntos Por el Perú que, con sus 5 legisladores, votó para seguir siendo oficialista y mantener su cuota de poder en el Consejo de Ministros.
El caso de los morados (3 curules) y Somos Perú (6 escaños), de Julio Guzmán y Martín Vizcarra, respectivamente, fue por afinidad y subsistencia política -y algunos dirían hasta judicial en el caso del expresidente-.
En tanto, las bancadas de José Luna (Podemos) y César Acuña (APP), evidentes brazos políticos de sus empresas, votaron respondiendo a los intereses de los dueños de los partidos.
En Podemos, de sus cinco integrantes, solo uno respaldó la admisión a debate de la moción de vacancia (Carlos Anderson), los otros cuatro optaron por la abstención, que fue la manera cobarde de apoyar a Pedro Castillo.
En el caso de APP, de sus 15 miembros, ese día votaron 14. De estos últimos, solo 2 lo hicieron a favor (los invitados Gladys Echaíz y Roberto Chiabra), mientras que los demás se pronunciaron en contra.
El caso de Acuña es singular, porque tras garantizar abiertamente su apoyo a la vacancia, bastaron unas reuniones a solas con Castillo para que cambiara de parecer y usara excusas ridículas como la no difusión de ‘audios bomba’ para justificarse.
Acción Popular fue la otra agrupación que contribuyó al blindaje e impunidad de Castillo. De sus 15 miembros, 14 votaron en contra (la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, no votaba por estar a cargo del debate en el Pleno).
Esta actitud servil y convenida es la que ha permitido que se pase por agua tibia escándalos como la designación de impresentables como altos funcionarios, la ilegal injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas, las presiones en la Sunat y los nexos con órganos de fachada de Sendero Luminoso y Movadef, según informes policiales y de la Fiscalía.
Asimismo, el hallazgo de US$ 20 mil en un baño de Palacio de Gobierno y los encuentros clandestinos de Castillo fuera de la sede presidencial con autoridades, lobistas y proveedores.
Todos estos son hechos consumados que merecen respuestas claras de Castillo y que la cobarde y cómplice postura parlamentaria no ha borrado.
