La Ley 32561 establece que policías recibirán como pensión el 100% de su remuneración consolidada, igualando derechos de quienes ingresaron a partir de 2013 con los del régimen anterior.
Por: Valeria Ponce
El Perú enfrenta una crisis de seguridad que no da tregua. Las extorsiones a transportistas y Mypes, el sicariato y el crimen organizado han convertido la calle en un campo minado para el ciudadano de a pie. En ese escenario, la Policía Nacional carga con una responsabilidad enorme, pero también con décadas de carencias acumuladas: sin herramientas legales suficientes, con un sistema de salud al límite y con un régimen pensionario que generaba profundas desigualdades internas.
Entre marzo y julio de este año, el Congreso y el Ejecutivo aprobaron un conjunto de normas que buscan revertir ese cuadro. El próximo gobierno las recibirá y tendrá en sus primeros cien días la prueba de si las convierte en realidad o las deja en el papel.
La medida más esperada llegó con la Ley 32561, promulgada el 22 de marzo de 2026. Esta norma modifica el DL 1133 y establece que la Policía que acredita 30 años de servicio efectivo recibirá el 100% de su remuneración pensionable al jubilarse, igualando así los derechos de quienes ingresaron a partir de 2013 con los del régimen anterior. Además, la pensión de viudez sube al 100%, antes era el 50%, y el beneficio de orfandad se extiende hasta los 28 años para hijos con estudios superiores. De acuerdo con lo señalado por el coronel FAP Freddy Arias, coordinador de Asociaciones de Pensionistas Unidos de militares y policías, en entrevista para La Razón, el Consejo Fiscal «no se ha dado cuenta de que recién en diez años este personal empieza a pasar al retiro», lo que da margen real para financiar la medida sin el impacto inmediato que alerta el MEF.
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Otro avance concreto es la aprobación del Proyecto de Ley 12701/2025 en el Pleno del Congreso, que eleva del 6% al 9% el aporte estatal al fondo de salud policial y militar. Con ese incremento, SaludPol podrá financiar tratamientos oncológicos y de alta complejidad, ampliar su red de convenios con clínicas privadas y dejar de depender de transferencias de emergencia del MEF para pagar sus deudas. El impacto directo alcanza a más de 450 mil asegurados entre activos, pensionistas y familiares. El proyecto también separa las funciones de Dirsapol para que SaludPol se dedique exclusivamente a la atención de pacientes. Arias Portugal resaltó que ese cambio «independiza lo político de lo institucional», aunque advirtió que la norma aún requiere la autógrafa del Ejecutivo para entrar en vigor.
El DS 102-2026-EF, publicado el 13 de junio de 2026, incluyó el cuarto y último tramo del reajuste de pensiones para el personal en retiro de la PNP y las Fuerzas Armadas, así como para beneficiarios de montepío. Los incrementos van desde S/ 237 (suboficial de tercera) hasta S/ 1,028 (teniente general). Sin embargo, quedan asuntos sin resolver como las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad que siguen fijas en S/ 300 desde hace años, y los oficiales superiores y brigadieres aún esperan la modificación del artículo 19 del DL 1132.
Por otro lado, la Ley 32291, promulgada en abril de 2025, modificó el DL 1186 para incorporar explícitamente el uso de armas de fuego en flagrante delito y proteger al efectivo de la prisión preventiva arbitraria. Complementariamente, el DS 021-2025-IN y la Directiva 17-2025-COMGEN establecieron protocolos de investigación pericial ante cada uso del arma. No obstante, en la práctica los resultados son parciales ya que fiscales y jueces siguen encontrando artilugios para liberar a detenidos capturados en flagrancia. Como señala Arias Portugal, el problema no es solo la norma, se necesita también una reeducación del sistema judicial para que entienda que el policía que actúa dentro de la ley no puede ser tratado como un homicida.
Todas las normas anteriores tienen un denominador común, que son medidas puntuales. El Proyecto de Ley 14055/2026-CR va más lejos y propone declarar de interés nacional la reforma integral de la PNP, con la creación de una Comisión Especial Multisectorial de Alto Nivel para modernizar la gestión del talento humano, la logística y la tecnología institucional. Es la apuesta más ambiciosa y, a la vez, la más urgente. Como advierte Arias Portugal, «los parches se hacen al capricho de quien los presenta en ese momento, no con un estudio integral», y mientras no se ve el problema de forma articulada, policial, judicial e institucional, el crimen seguirá ganando terreno.
El próximo gobierno recibirá una hoja de ruta más completa que cualquier administración anterior en materia policial. Tiene las normas, tiene los recursos aprobados y tiene el diagnóstico sobre la mesa. Lo que falta es la decisión política de ejecutarlo todo en conjunto, porque como advierte quien conoce la institución desde adentro, los parches ya no alcanzan.
