Por Francisco Diez-Canseco Távara
Uno de los factores fundamentales de la caída del régimen de Salvador Allende, amén del desabastecimiento, la hiperinflación, la inseguridad y el afán estatista, fue el “paro de los camioneros” que detuvo a Chile durante varias semanas y precipitó el caldo de cultivo del golpe militar.
El paro de transportistas que acaba de levantarse en nuestro país no tiene, por cierto, origen similar: se trata de una medida de fuerza gremial referida a temas puntuales como el precio del Diésel y los peajes que, sabemos bien, constituyen en varios casos parte sustantiva de los viles negociados del caso Lava Jato.
Pero este paro jamás debió prosperar: como pasa con las huelgas estructurales del Estado, esas que protagonizan todos los años los médicos, las enfermeras y los empleados del Poder Judicial, no funcionó la unidad de prevención de conflictos que teóricamente existe en la Presidencia del Consejo de Ministros para evitar ésta ocurrencia lamentable cuyo inmenso daño económico aún no ha sido cuantificado.
Estamos, una vez más, frente a una situación ya clásica en este gobierno y los anteriores: la ausencia de una política clara en las distintas áreas sociales y económicas para evitar que el agua se desborde y que los enfrentamientos dañen al país en lugar de actuar con la debida antelación.
Es curioso que un régimen, emergido de una coyuntura imprevista y no del voto popular, haya optado por una política de confrontación -válida en ciertos casos- y no de concertación que resulta indispensable con los sectores sociales.
Vizcarra y su equipo han sabido, hasta ahora, manejar el arte de la demagogia en el contexto de un populismo al que sin duda contribuye la caída de la subclase política y de los partidos que representan en el marco de una corrupción visible y generalizada que ya está salpicando al propio régimen.
Pero ya es hora que empiece a gobernar el Perú y a actuar en forma concreta en temas prioritarios como, por ejemplo, la propia lucha contra la corrupción.
