SERGIO TAPIA T.
El signo del año 1969 en las Américas fue el inflexión del quehacer revolucionario comunista, entre la fracasada opción de las guerrillas en las zonas rurales a la práctica del terrorismo urbano, que es un delito atroz, indiscriminado, cometido por los comunistas contra ciudadanos inocentes.
La región europea y Japón en el Asia, habían logrado su plena reconstrucción económica y de infraestructura, al cabo de 20 años de concluida la II Guerra Mundial. Y, asumieron la mentalidad de vida yanqui.
Pero, aún eran años de competencia ideológico-política entre el liberalismo (encarnado en los EEUU) y el socialismo marxista promovido por la URSS, con Cuba su peón para la región latinoamericana. Se sentía la exportación del modelo comunista chino, que promocionaba como instrumento revolucionario el delito de terrorismo.
En el Perú habíamos salido victoriosos de las experiencias guerrilleras de los años 60s, promovidas por esa agencia comunista que aún es Cuba. Aunque, paradojalmente, iniciábamos la terrible experiencia de la imposición del socialismo desde el gobierno militar velasquista (1968-1975).
En ese contexto político-ideológico, se elabora y firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH; con sede en Costa Rica) y modificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, con sede en Washington), que ya venía funcionando desde 1959.
Este nuevo sistema de derechos humanos demoró en instalarse hasta 1979, cuando fue ratificada la CADH por un número mínimo de Estados así exigido. La primera composición de la Corte IDH estuvo integrada por un jurista peruano, el Contralmirante AP (CJ) Máximo Cisneros Sánchez (el primer abogado asimilado ascendido a Contralmirante). Esa Corte IDH, por los hombres que la integraron, fue una digna institución de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Luego en los años 80-90, como consecuencia de la caída del Muro de Berlín, los gobiernos comunistas que sobrevivieron asumieron el liberalismo económico, abandonando el economicismo estatista de Marx que los había despeñado a un mayúsculo fracaso en todos los países en que se aplicó, como en Chile con Allende y Chávez-Maduro en Venezuela y con los Castro en Cuba, así como con los Kirchner en Argentina.
Los comunistas se las arreglan para seguir gobernando aún en varios países, mediante un sistema mixto: Economía liberal, con gobierno unipartidario marxista, como en China y Viet-Nam, entre otros. Algunos se han sumergido en la corrupción más espantosa, como en Brasil los gobiernos de Lula-Rousseff, país que es sede del reimpulso pro-comunista en la región mediante el Foro de Sao Paulo.
En el Perú de Ollanta Humala y en Bolivia de Evo Morales, son otras expresiones de gobiernos comunistas, con liberalismo económico y políticas-culturales comunistas. Favoreciendo las nuevas estrategias inspiradas en la Escuela de Frankfurt y en Gramsci.
En este actual contexto político-ideológico, la Corte IDH y la CIDH, así como las estructuras burocráticas sensibles a temas sociales y culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la OEA, han sido paulatinamente tomadas por cuadros ideologizados. Los que tratan de imponer la concepción antropológica marxista, sustituyendo la dialéctica al interior de las empresas expresada en “capitalistas vs. obreros”, por la dialéctica en el seno de la familia expresada en “varón vs. mujer” y en la destrucción de la masculinidad y la femeneidad sustituyéndolas por la ideología de género.
En este contexto, se entiende por qué la Corte IDH aprobó en términos de ideología de género, con la excusa de atender una solicitud del gobierno de Costa Rica, la Opinión Consultiva 24-17, divulgada a partir del 9 de enero, con la pretensión de imponer en las Américas el matrimonio homosexual, como derecho humano.
El derecho y la justicia, deben ser aplicados presididos por la virtud de la Prudencia. Cuando esta virtud está ausente, pasa lo que le ha sucedido a la Corte IDH: El rechazo del pueblo a sus sentencias ideologizadas. Como ha ocurrido en Costa Rica, que la reacción ciudadana que cree y defiende los valores y la familia, votó mayoritariamente el pasado domingo por el candidato Fabricio Alvarado, por ser quien defendía desde el inicio las virtudes y los valores con los que el pueblo se identifica, expresados en que el único matrimonio legítimo es el de la unión conyugal heterosexual.
Resultará un compromiso para Fabricio Alvarado si en abril es elegido presidente de Costa Rica, pues, deberá devolver el triunfo que logre con un gesto para su pueblo: Rompiendo el acuerdo de Costa Rica para seguir siendo país sede de la Corte IDH.
De todas maneras, sea cual fuese ese resultado, los Estados de las Américas deben sin demora asumir la reforma del sistema interamericano de derechos humanos. La Corte y la Comisión deben ser disueltas y refundadas. Esa es la voz.
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