Un informe de OjoPúblico reveló la instalación de paneles y gigantografías con gasto superior a S/138.700 mensuales
La Red Investigativa Regional de OjoPúblico identificó 112 piezas de propaganda política anticipada pertenecientes a 17 partidos en 10 regiones del país. El gasto mensual estimado es de más de S/138.700. Estos hallazgos reflejan cómo el panorama político ya comienza a configurarse de cara a las Elecciones 2026.
Los anuncios, entre paneles, gigantografías y pintas, se encuentran en carreteras y centros urbanos desde mayo hasta octubre de 2025. Esto ocurre en un contexto aún previo a las Elecciones 2026, ya que la campaña oficial de las Elecciones Generales 2026 aún no ha comenzado.
Rafael López Aliaga encabeza el gasto en propaganda electoral
El informe revela que el precandidato Rafael López Aliaga concentra más del 50% del gasto identificado en propaganda política anticipada.
Le siguen Keiko Fujimori, José Luna Gálvez, César Acuña y Alfonso López Chau, quienes también mantienen presencia visual constante en distintas regiones del país. Lo hacen a través de carteles y murales con mensajes políticos. Este fenómeno es parte del paisaje electoral rumbo a las elecciones próximas.
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Fiscalización y transparencia del gasto político
Especialistas advierten que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrentará un reto mayor de fiscalización ante los más de 10 mil candidatos proyectados para participar en los comicios de 2026. Esto prepara así el escenario para las Elecciones 2026.
La falta de transparencia en los contratos publicitarios y los aportes en especie aumenta la preocupación sobre la opacidad en el gasto político anticipado. Esto dificulta la rendición de cuentas y el control del financiamiento partidario.
Contexto y retos del financiamiento electoral
El uso de propaganda política anticipada se ha convertido en una práctica recurrente en los últimos procesos electorales. Esto es especialmente observable mirando hacia las futuras Elecciones 2026. Aunque la Ley de Organizaciones Políticas establece límites para la difusión de mensajes políticos fuera del periodo oficial de campaña, la supervisión efectiva continúa siendo un desafío para las autoridades electorales.
La detección temprana de propaganda política anticipada en distintas regiones del país reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y transparencia del gasto electoral. Esto es necesario para garantizar condiciones equitativas antes de las Elecciones Generales de 2026.
