La audiencia fue programada para el 13 de abril de manera virtual.
La suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta solicitó al Poder Judicial (PJ) afrontar en libertad restringida el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. En este caso también se encuentra involucrado el expresentador de televisión Andrés Hurtado.
A través de su defensa legal, la magistrada pidió como pretensión principal que se varíe el mandato de prisión preventiva que cumple actualmente por una medida de comparecencia con restricciones. Como alternativa, planteó que se le imponga vigilancia electrónica personal o, en su defecto, que se sustituya la medida por detención domiciliaria.
El pedido fue presentado ante el despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual para el lunes 13 de abril a las 9:00 a. m. En esta sesión participarán las partes procesales involucradas y se evaluarán los argumentos de la defensa antes de emitir una decisión sobre la situación legal de la investigada.
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Actualmente, Peralta se encuentra recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva. Esta medida fue dictada en el marco de la investigación en su contra y tiene vigencia hasta el 3 de junio de 2026, salvo que el Poder Judicial disponga una modificación tras la audiencia.
El caso es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que analiza la presunta participación de los implicados en una red de corrupción. Según la hipótesis fiscal, Andrés Hurtado habría intervenido en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei.
De acuerdo con la investigación, el objetivo de este presunto pago habría sido influir para que Peralta, en su condición de fiscal superior, intervenga a favor del empresario en un proceso relacionado con la recuperación de barras de oro incautadas por el Ministerio Público en 2020.
La Fiscalía también indaga otros hechos vinculados al caso, en el que se busca determinar si existió una red de tráfico de influencias para beneficiar a particulares a cambio de pagos ilegales. Estos elementos serán evaluados en el proceso judicial en curso.
La audiencia del 13 de abril será clave para definir si la suspendida fiscal continuará cumpliendo prisión preventiva o si se le concede alguna de las medidas alternativas solicitadas por su defensa mientras avanzan las investigaciones.
