Por colusión en caso «Los saqueadores de Ilabaya»

La Procuraduría Anticorrupción de Tacna obtuvo una medida cautelar que ordena el embargo de los bienes de los empresarios Mario y César Vizcarra Cornejo, investigados por presunta colusión en un caso que involucra contratos irregulares en el distrito de Ilabaya, región Tacna.
Mario Vizcarra es candidato a la presidencia por Perú Primero, agrupación fundada por su hermano, el expresidente Martín Vizcarra.

El procurador Reynaldo Coyla informó que la medida busca asegurar una posible reparación civil de hasta un millón 600 mil soles. El caso se deriva de la investigación conocida como “Los Saqueadores de Ilabaya”, que se remonta a 2019 y que señala al entonces alcalde Luis Cerrato por presuntas contrataciones fantasmas para obras municipales.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la municipalidad de Ilabaya alquiló maquinaria pesada a una empresa para la ejecución de una defensa ribereña. Sin embargo, las máquinas no habrían sido movilizadas al lugar de la obra, pese a lo cual se pagaron S/6 millones al propietario de una ferretería en Moquegua, quien luego subcontrató la maquinaria a los hermanos Vizcarra.

Según la investigación, Mario y César Vizcarra aparecen como cómplices externos en la operación. Ambos figuran como proveedores de maquinaria, aunque los equipos nunca habrían llegado a la zona donde se debía ejecutar el proyecto. La Fiscalía sostiene que esta cadena de subcontrataciones permitió simular la realización de trabajos inexistentes y el pago de sumas millonarias con fondos públicos.

Alejandro Salas, vocero de Perú Primero, cuestionó el motivo de la acción judicial: “Jueces y fiscales, cada vez que hay campaña política, buscan que sus nombres aparezcan. No me llamaría la atención que no sea verídica la acusación. Creo que es un caso ocioso”.

“Los Vizcarra ahí no tienen nada que ver. A ellos va una tercera persona y les ofrece un contrato de maquinaria. Ellos subcontratan. Si la otra persona cumplió o no con el contrato, no es tema de los Vizcarra. Pero en política, cualquier cosa puede pasar cuando hay procuradores, jueces y fiscales que quieren que sus nombres aparezcan”, explicó Salas.