Poder judicial dispone medida por golpe de estado. Procuraduría pide reparación civil de S/ 67 millones por el quiebre constitucional.
La Procuraduría General del Estado (PGE) comunicó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia acogió sus solicitudes y ordenó el embargo de los bienes del expresidente Pedro Castillo y del expremier Aníbal Torres por el golpe perpetrado el pasado 7 de diciembre.
El juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades de Castillo, las cuales están ubicadas en el distrito de Anguía (provincia de Chota), así como en la localidad de Tacabamba (donde hace un tiempo se reportó la construcción un helipuerto privado), todas ellas en Cajamarca.
En el caso de Torres, se embargó en forma de inscripción e inhibición nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Cercado de Lima, además de un vehículo.
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Según la Procuraduría General del Estado los dos estacionamientos de Torres están valorizados cada uno a $15 mil, y un departamento de $236 mil 800. Todos estos bienes están ubicados en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro.
Como se recuerda, la PGE ha pedido una reparación civil de 67 millones de soles por el fallido golpe de Estado. Ahora, Pedro Castillo ni Aníbal Torres podrán vender ni ceder las bienes a terceros.
La Procuraduría también está constituida como actor civil en el proceso a los implicados en el quiebre constitucional, como el exmandatario Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres y Roberto Sánchez.
