En los próximos días entregan pruebas de coimas de servidores incautados por fiscalía brasileña.
El Ministerio Público, a través del equipo especial Lava Jato, está empezando a recibir información clave sobre las coimas que pagó la constructora brasileña Odebrecht a políticos y funcionarios peruanos, que compromete los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como a la exalcaldesa Susana Villarán.
Hace unos días llegó del Principado de Andorra documentación sobre las cuentas halladas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que comprometerían a la exalcaldesa Susana Villarán, quien recibió 3 millones de dólares para su campaña para la No revocatoria, así como a funcionarios del gobierno aprista vinculados al Metro de Lima.
Las cuentas están vinculadas a Miguel Atala, ex directivo de Petroperú; Gabriel Prado, ex presidente de Emape durante la gestión municipal de Susana Villarán; el ex árbitro Horacio Cánepa; y Rómulo Peñaranda, directivo de Alpha Consult, consultora que adjudicó obras públicas a Odebrecht.
Los fiscales Norma Mori y Carlos Puma, miembros del equipo especial del caso Lava Jato, interrogaron a Dolores Alaminos, ex funcionaria de la Banca Privada d’ Andorra, para que declare sobre los depósitos que habría hecho la empresa Odebrecht a cuentas bancarias vinculadas a servidores públicos peruanos halladas en esa entidad.
En la diligencia se entregó información sobre los presuntos depósitos de la constructora Odebrecht a exfuncionarios de las gestiones de Susana Villarán y Alan García.
Alaminos habría informado sobre comisiones que les habría cobrado a los investigados tras asesoralos en la apertura de cuentas offshore.
De acuerdo a un informe del diario El País de España, las cuentas están vinculadas a Miguel Atala, ex directivo de Petroperú, quien recibió US$900 mil de la empresa brasileña; Gabriel Prado, ex presidente de Emape durante la gestión municipal de Susana Villarán; el ex árbitro Horacio Cánepa; y Rómulo Peñaranda, directivo de Alpha Consult, consultora que adjudicó obras públicas a Odebrecht.
A Gabriel Prado lo investigan por haber recibido dinero de la constructora brasileña en BPA a través de la compañía Relton Holding SA. Según información de la fiscalía, la firma de Prado figura en la creación de esta compañía. Ahí recibió 3048 euros en enero del 2015 como parte de un “agasajo” de Odebrecht por haberlos favorecido en obras.
En caso de Atala, la Fiscalía recibió documentación sobre la cuenta que tiene en BPA con la empresa Ammarin Investment. A través de compañía, el exfuncionario de la segunda gestión de Alan García, recibió 1, 3 millones de dólares.
Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, en su testimonio dijo que Castro, y luego la propia Villarán, lo contactaron a principios de 2013 para que la constructora aporte US$ 3 millones en su campaña para evitar la revocatoria.
Por si fuera poco, el Equipo Especial del Caso Lava Jato, encabezado por el fiscal Rafael Vela, recibirá en breve el contenido de dos servidores que la empresa Odebrecht tenía escondidos en Ginebra (Suiza). La información será entregada a la Fiscalía peruana, luego de cerrarse el acuerdo con la constructora brasileña.
Dichos servidores registran operaciones bancarias vinculadas a Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García, así como la entrega de otras 7 nuevas obras como la IRSA Norte que superaría los 40 millones de dólares en pagos de coimas, muy superior a los 29 millones de dólares anunciados oficialmente.
EX MINISTRO DE PPK
De otro lado, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios daría visto bueno al requerimiento del Ministerio Público para iniciar el trámite del levantamiento de inmunidad del parlamentario andino y exministro de Defensa, Mariano González Fernández.
González, exministro de PPK, es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado, presuntamente, por firmar contratos simulados con la empresa brasileña Odebrecht.
Este hecho fue calificado por la Fiscalía como un “acto jurídico simulado” que tenía como finalidad justificar la recepción de dinero destinado a los hermanos Samuel Carlos y Carlos José Campusano Dulanto.
Estos hermanos, según el Ministerio Público, gestionaron a favor de la constructora brasileña y del Gobierno Regional del Cusco la facilitación de un endeudamiento interno vía la emisión de bonos soberanos, trámite a cargo de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.
