Conductores denuncian pago de cupos de hasta S/30 diarios
La empresa de transporte Santa Catalina decidió paralizar sus labores luego del asesinato de uno de sus conductores, hecho ocurrido en el distrito de Villa El Salvador, en medio de una creciente ola de extorsiones que afecta al transporte público en Lima.
La víctima fue identificada como Michel Hurtado Serna, de 44 años, quien fue interceptado por delincuentes cuando se encontraba realizando su ruta. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la unidad y dispararon varias veces contra el conductor, provocando su muerte en el lugar.
Tras el crimen, los trabajadores de la empresa decidieron suspender sus operaciones como medida de protesta y por temor a nuevos ataques, ya que aseguran que la violencia contra transportistas se ha vuelto cada vez más frecuente en diferentes zonas de la capital.
Los conductores denunciaron que desde hace tiempo vienen siendo víctimas de extorsión por parte de bandas criminales, que exigen el pago de cupos para permitirles trabajar. De acuerdo con los testimonios, cada chofer debe aportar hasta S/30 diarios para evitar atentados contra las unidades o ataques directos contra los trabajadores.
La situación ha generado preocupación entre los transportistas, quienes señalan que el pago de cupos no garantiza su seguridad, pues pese a las extorsiones los atentados continúan registrándose en varias rutas del transporte público. Casos similares se han reportado en diferentes empresas que operan en Lima y Callao, donde los delincuentes utilizan amenazas y ataques armados para presionar a los conductores.
El asesinato del chofer también ha generado indignación entre los compañeros de trabajo y vecinos de la zona, quienes exigen a las autoridades mayor presencia policial y acciones concretas para frenar las extorsiones que afectan al sector transporte.
Especialistas señalan que este tipo de delitos forma parte de una crisis de extorsiones al transporte público, fenómeno que se ha extendido en los últimos años y que obliga a muchas empresas y conductores a pagar dinero a organizaciones criminales para poder operar.
Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato y determinar si el crimen está directamente vinculado a las redes de extorsión que operan en la zona. Mientras tanto, los trabajadores continúan exigiendo medidas urgentes que garanticen su seguridad y les permitan volver a trabajar sin temor a nuevos ataques.
