Los dueños de negocios se han visto obligados a aumentar sus gastos en seguridad debido a la amenaza de delincuentes.
Según la I Encuesta de Seguridad Ciudadana Gamarra 2024, realizada por la Asociación Gamarra Perú, el 87.9% de los empresarios de este emporio comercial ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Esto significa que 8 de cada 10 comerciantes han enfrentado amenazas de extorsión y sicariato.
La encuesta, realizada entre el 10 y el 20 de octubre de este año a 1,100 comerciantes de Gamarra, reveló que el robo es el delito más frecuente, con un 71.7%. Le siguen la extorsión y las amenazas directas, ambas con un 9.1%.
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El sondeo también reveló que solo el 39% de los comerciantes presentó una denuncia por estos delitos. Sin embargo, únicamente un 6.1% recibió respuesta por parte de las autoridades. Esto significa que más del 90% de quienes decidieron denunciar no obtuvieron ninguna respuesta.
Por otro lado, el 61% de los comerciantes consultados informó que no presentó ninguna denuncia.
El estudio también reveló que, debido a la crisis de inseguridad ciudadana que enfrentan, los comerciantes se han visto obligados a aumentar en un 81% sus gastos en seguridad.
En relación a esto, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, afirmó que estas cifras respaldan plenamente la solicitud de declarar al distrito de La Victoria en estado de emergencia.
Gamarra cerrado por paro nacional
La Asamblea General de Gamarra decidió, por mayoría, mantener los negocios cerrados hasta las 2 de la tarde. Esta medida busca visibilizar la realidad que enfrentan los peruanos, que, según los manifestantes, no se refleja en las conferencias de prensa oficiales. Según datos de la Asociación Gamarra Perú, un 10% de los empresarios ha sido víctima de extorsión, mientras que más del 60% ha sufrido robos u otros delitos.
Los comerciantes exigen que se declare en emergencia el distrito de La Victoria, donde se encuentra Gamarra, y solicitan la destitución del ministro del Interior, Juan José Santivañez. La creciente inseguridad y criminalidad ha llevado a los empresarios a adoptar estas medidas de presión, buscando soluciones efectivas por parte del gobierno.
