En medio de la ola criminal que azota al país, resulta preocupante que los fiscales y jueces muestren proclividad a liberar a delincuentes detenidos en flagrancia por la policía.

De acuerdo con fuentes policiales, en lo que va del año más de 1800 delincuentes capturados en flagrancia en todo el país, fueron liberados por disposición de fiscales provinciales, pese a las pruebas que los incriminaban en delitos agravados.

Esta situación no es nueva, ya que la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, cuestionó el año pasado que, en solo seis meses, más de 8,000 presuntos delincuentes capturados en flagrancia habían sido liberados por la Fiscalía, desestimando el arduo trabajo de la PNP en operativos y enfrentamientos contra el crimen organizado. ​

Hace unas semanas, el primer ministro Gustavo Adrianzén señaló que la Fiscalía «libera a delincuentes capturados por la Policía».

“Cada semana, ustedes dan cuenta de cómo señores fiscales liberan a delincuentes capturados por la Policía. Eso a mí me parece indignante. Me parece repulsivo. Yo no entiendo cómo tenemos que capturar una y otra vez a los delincuentes y los siguen liberando. […] No están colaborando en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, dijo.

Ante ello, diversas voces han pedido la reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial, ya que constituyen obstáculos en la lucha contra el crimen.

Según la excongresista Lourdes Alcorta y dirigentes empresariales, el Ministerio Público debe ayudar a la PNP y no liberar criminales, siendo más importante reformar a fondo esta institución antes que demandar la renuncia del ministro del Interior.

Cabe indicar que, en enero, tres presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’ fueron detenidos en Trujillo por la PNP. Sin embargo, el fiscal Denys Rivas ordenó su liberación, argumentando que la detención se realizó sin orden judicial ni coordinación con el Ministerio Público, lo que vulnera el debido proceso. ​

Según el congresista Alejandro Muñante, en estos casos de ayuda de jueces y fiscales a delincuentes en flagrancia, se debe invocar la Ley 32182.

“¡Denuncien a esos malos jueces y fiscales que en lugar de administrar justicia se confabulan con los delincuentes!”, manifestó el de Renovación Popular.