Las manifestaciones contra Daniel Ortega se iniciaron el 18 de abril
Managua. Al menos 351 personas han muerto y 261 más están desaparecidos en Nicaragua por la represión desatada por el Gobierno de Daniel Ortega contra las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril en el país, informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Del total de fallecidos, 306 eran civiles, 28 formaban parte de grupos paramilitares que defienden al gobierno de Daniel Ortega, 16 eran policías y uno era miembro del Ejército, según detalló en una rueda de prensa el secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva, que leyó un informe preliminar de la organización.
Además, 2.100 personas han resultado heridas entre graves y leves y no tuvieron acceso a la atención médica oportuna del sistema de salud pública, de los cuales 51 han sufrido lesiones graves con daño permanente. El informe tiene como corte la medianoche de este martes, mientras que el anterior reporte de la ANPDH, que analizaba hasta el 2 de julio, recogía una cifra de 309 muertos desde el 18 de abril.
Eso implica que, entre el 2 y el 10 de julio, 42 personas han fallecido en la represión de las protestas que comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
En su declaración, Leiva denunció que hasta el momento «no hay una fuente oficial» que brinde datos exactos de cuántas personas han «resultado heridas y fallecidas en las diferentes protestas cívicas».
Aseguró que «el ejercicio de la función policial no se está haciendo de forma lícita por cuanto» los agentes no son identificables al llevar sus rostros ocultos «en el ejercicio de su función policial ante la ciudadanía», lo que considera que «promueve actos ilícitos e impunes fuera del marco de la ley».
Leiva también denunció que se han producido «operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados paramilitares y de choques ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de moradas y daño a la propiedad privada y pública motivados por un fanatismo partidario».
Aseguró que en Nicaragua existe «un estado de sitio no declarado» que ha sido «provocado por operaciones fuera del marco de la ley» de los grupos paramilitares y de choque que están «dirigidos por grupos afines a la ideología partidaria del Gobierno de turno».
El informe también recoge que ha habido un «uso desmedido y desproporcionado de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales del Gobierno del Estado de Nicaragua» que incluye «la utilización de armas de guerra y especialistas francotiradores contra la ciudadanía» en las protestas.
Finalmente, Leiva aseguró que se están utilizando algunas sedes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como «centro de torturas», según les comentaron familiares de detenidos y las propias víctimas.
