Informes de inteligencia revelaron que están en peligro las elecciones del 2026 en el Perú debido al ingreso de la banda criminal “Los Lobos”, delincuentes que asesinaron a un candidato presidencial en Ecuador.
De esta manera, el panorama electoral de Perú enfrenta la posibilidad de ser infiltrado por el crimen organizado, elevando las alarmas en diversas instituciones ante el preocupante legado que podrían dejar los próximos comicios.
En un reporte reciente, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, advirtió que la campaña del 2026 podría estar marcada por la violencia y por la intervención de estructuras delictivas.
Basándose en información de inteligencia, señaló que grupos como la banda ecuatoriana “Los Lobos” han incrementado su presencia en el territorio peruano y representan un claro peligro no solo para el proceso electoral, sino también para la gobernabilidad institucional del país.
La ONPE cuenta con informes que muestran que estas organizaciones no solo buscan el control de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la tala indiscriminada, sino también una representación política que les permita operar con mayor impunidad.
Según un análisis realizado por agentes de inteligencia policial y expertos de la DEA, las próximas elecciones podrían estar dominadas por estas redes que intentan influir en la formación del Congreso. En este sentido, el crimen organizado no solo se limita a persistir en actividades ilícitas, sino que también busca consolidar su presencia mediante estrategias políticas.
Un ejemplo de la intervención del crimen organizado en procesos electorales recientes ocurrió en Ecuador. La banda ‘Los Lobos’ perpetró actos violentos, como el asesinato de un candidato presidencial y amenazas directas a otros políticos. Incluso se informó de un mensaje directo a un postulante a la presidencia en el que le exigían cumplir con acuerdos secretos financiados por el narcotráfico, condiciones similares que podrían intentar replicar en territorio peruano.
La región peruana de Tumbes y otras localidades fronterizas se han convertido en focos problemáticos de estas actividades delictivas.
En Ecuador, los ingresos ilícitos derivados de la minería ilegal han sido una fuente significativa de financiamiento para estos grupos, y en Perú la dinámica parece implementarse con un modelo similar. Este tipo de intervenciones exacerba la crisis de seguridad y pone en evidencia la fragilidad del control en las fronteras.
En este contexto, el desafío no se limita únicamente al control del proceso electoral, sino también al fortalecimiento de toda la estructura democrática que se ve amenazada por la expansión de estas economías criminales. Las instituciones encargadas de garantizar elecciones limpias y seguras deben contar con estrategias firmes que combinen inteligencia, prevención de la violencia y coordinación interinstitucional.
