Pero lamentablemente no va a ocurrir con rapidez, señala jurista Enrique Ghersi

 

Valeria Ponce

 

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi analizó la situación judicial de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE.

 

— La Fiscalía imputa a Piero Corvetto una colusión agravada y la omisión de actos funcionales. ¿Estos delitos son suficientes ante lo ocurrido el 12 de abril o deben sumarse otras figuras?

Esto básicamente se refiere al problema con el transporte del material electoral. Respecto de eso, me parece que la tipificación es correcta, porque haber contratado a esta empresa que carecía del material necesario, y todas las negligencias que hemos visto en el transporte y depósito del material electoral que imposibilitaron la apertura de ciertas mesas y retrasaron la apertura de otras, están cubiertas por esta figura. Pero lo que no veo acá, y que imagino debe ser parte de otra investigación, porque he visto a funcionarios de la Fiscalía en la ONPE haciendo levantamiento de información relativa al fraude electoral, es la denuncia del señor procurador general de la República. Él denunció al señor Piero Corvetto y otros por el delito de fraude, por haber, literalmente, «instrumentalizado el sistema electoral para impedir que algunas personas pudieran ejercer oportunamente su derecho a voto». Este es un delito muy grave, es un delito electoral, es fraude. No he escuchado que esas imputaciones estén en esta carpeta. Tal vez haya otra. Pero en todo caso, falta todo ese conjunto de imputaciones, que ciertamente son mucho más graves que las otras.

 

— El juez rechazó la detención preliminar de Piero Corvetto argumentando que no existe peligro de fuga. ¿Fue una decisión correcta o la Fiscalía puede revertirla en algún momento?

Las razones del doctor Manuel Chuyo para no dar la detención me parecieron frágiles. Creo que el Poder Judicial ha accionado con una facilidad que no le ha dado a otros encausados. En otros expedientes, por mucho menos, dictan orden de detención. El doctor Chuyo ha considerado que no había peligro de fuga, pero el señor Corvetto tenía más de tres pasaportes y había realizado actos notorios de obstrucción a la justicia. Todo el tema del transporte de las ánforas que apareció en un Rappi, que la prensa televisiva dio a conocer, y múltiples testimonios adicionales que corroboran los intentos de obstrucción por parte de funcionarios de la ONPE, debieron ser elementos de juicio suficientes para que el juez determine la detención provisional. Creo que ha sido un error. Por supuesto, aquí no hay cosa juzgada; el Ministerio Público, si tiene elementos adicionales, puede volver a solicitar la detención.

 

— La abogada Romy Chang consideró que un pedido de detención preliminar era «precipitado» ¿Cree que la Fiscalía ha accionado con apresuramiento más político que jurídico?

No creo que haya sido precipitada porque hubo una denuncia del procurador y la Fiscalía tenía que actuar de inmediato. Lo que creo es que está siendo un poco laxa, permisiva. La fiscalía, por ejemplo, en los casos de Lava Jato fue de una extrema dureza que no veo en este caso. Creo que está siendo bastante más flexible en esta oportunidad que en otras, y eso sí me llama la atención.

 

— ¿A qué cree que se debe esa flexibilidad?

Es un poco difícil especular, pero me atrevería a pensar que hay una cierta preferencia ideológica. En el Ministerio Público, en la ONPE y en el Poder Judicial, hay una predominancia de personas con simpatías de izquierda que yo creo se están notando en este caso. No miden a las personas con la misma vara. Están haciendo interpretaciones más beneficiosas al señor Corvetto de lo que hacen en otros casos, y eso no me parece bien.

 

— El contrato cuestionado con la empresa Galaga fue suscrito el 19 de marzo por más de seis millones de soles. ¿El monto por sí solo configura la colusión agravada?

No el monto, pero sí el procedimiento. Como ha sido indicado por diferentes especialistas, como la doctora Mónica Yaya y otros, el procedimiento ha sido altamente irregular. Los abogados de la empresa han presentado en sus descargos un conjunto de chats y comunicaciones entre funcionarios de la ONPE y la empresa en cuestión, tratando de explicar que no son ellos los responsables por los actos ocurridos durante el día de la votación. Yo creo que esa información presentada por la empresa termina de complicar la situación jurídica del señor Corvetto. Hay indicios más que suficientes de una violación a la ley de contrataciones del Estado. Por eso el Ministerio Público pidió impedimento de salida del país contra el señor Corvetto, que fue concedido por el Poder Judicial. No concedieron la detención preliminar, pero sí el impedimento de salida.

 

— La colusión agravada exige demostrar un perjuicio patrimonial. ¿Cómo se acredita ese perjuicio?

Es un perjuicio al Estado y, por consiguiente, a la sociedad en su conjunto. En el caso de peculado tiene que haber una afectación económica, que sería el monto pagado a la empresa Galaga. Eso deberá ser objeto de una pericia, y el titular de la reparación civil es el procurador, quien tendrá que individualizar su pretensión en el transcurso de la investigación. Me parece muy importante, dado lo grave que es esto, que el Ministerio Público sea transparente e informe a la opinión pública todo lo que ocurre, sin mantenerse en secreto.

 

— ¿Cuál es su lectura de la actitud del investigado?

Me da la impresión de que Corvetto atravesó una etapa de abierta hostilización a la investigación y obstrucción a la justicia. Hemos visto cómo pretendió politizar el caso, dio una conferencia de prensa rodeada de excandidatos de izquierda, lo cual es una absoluta falta de independencia. Si el señor Corvetto era el jefe de la ONPE, ¿cómo puede aparecer con un equipo de abogados que han sido militantes, candidatos y además aportantes de partidos de izquierda? Eso demuestra que el señor Corvetto nunca fue independiente.

 

— ¿Qué valor tiene jurídicamente el allanamiento realizado en la ONPE y qué podría haber obtenido la Fiscalía?

El allanamiento es una orden judicial que lo pide el fiscal y declarado por un juez. No es una señal de ningún tipo, porque es obligatoria, es contra la voluntad del investigado. Pero creo que en esa diligencia la Fiscalía debe haber obtenido un montón de información. Lo que pasa es que no conocemos aún qué es lo que ha conseguido.

 

— Considerando la gravedad de los hechos que se están investigando, ¿cuál sería el escenario más probable si el proceso judicial sigue su curso?

Creo que habrá un juicio y que seguramente el señor Corvetto será condenado. Como son delitos graves, seguramente será con penas importantes. Pero eso no va a ocurrir con rapidez. Estos procesos son muy lentos, habrá 36 meses de investigación, seguramente lo van a declarar complejo, y estaremos presenciando un juicio dentro de un par de años. Por eso era tan importante que el Ministerio Público actúe y dé a conocer lo que está ocurriendo en este momento.