El abogado constitucionalista Enrique Ghersi se refirió al mensaje a la Nación de la mandataria Dina Boluarte, donde ofreció detalles sobre las investigaciones en su contra y su presunto abandono del cargo, y precisó que se trataba de una «coartada deleznable».
«Es muy difícil amedrentar a un fiscal de la Nación. Para mí fue una coartada, no fue ni siquiera un mensaje a la Nación. Alguien, algún consejero, algún asesor, convenció a la señora Boluarte que saliendo de esa manera iba a tener una coartada para el problema de su supuesta infracción constitucional por el hecho de haberse operado unos días sin dar con dar parte al Congreso de la intervención quirúrgica. Es una coartada deleznable», dijo.
«Desde mi punto de vista, sí ha habido una infracción constitucional. Habrá que establecer si es grave o no. Pero hubo una infracción constitucional. Ella está obligada a dar cuenta al Congreso de la República y ahí ha debido tomarse una decisión en base a la información médica, si se designaba a que atendiera el despacho al señor Presidente del Congreso o no. No lo hizo y eso es una infracción constitucional», aseveró.
Asimismo, indicó que la mandataria tiene un respaldo sólido en el Congreso, pues, al tener el apoyo de Fuerza Popular, no corre el riesgo de ser vacada.
«Pero desde el punto de vista político tenemos que reconocer también un hecho: en el Congreso nadie la va a vacar por eso. Ella tiene un respaldo sólido de grupos parlamentarios que la van a apoyar, así que, mientras la esté apoyando Fuerza Popular y otros grupos políticos, pensar que van a conseguir 87 votos por eso lo dudo altamente», agregó.
Ghersi comentó también la Ley promulgada que elimina la detención preliminar en casos donde no existe flagrancia y la calificó de «un error grave», pues ahora la Fiscalía tendría que esperar a pedir una prisión preventiva, situación que le permite escapar a los presuntos delincuentes, como el caso de Nicanor Boluarte.
«Ha sido un muy grave error del Congreso, porque la detención preliminar es sin escuchar a la otra parte; es decir, el fiscal va directamente donde el juez, con elementos de juicio suficientes, y el juez ordena por 10 días la detención preliminar de una persona. Ese era el régimen que teníamos vigente», enfatizó.
«Al eliminar la detención preliminar, tienes que ir a la preventiva. Pero ya hemos visto, en el caso del señor Boluarte, cómo ha pasado casi tres o cuatro meses el juez Carhuancho para dictar una preventiva, período que aprovechó para desaparecer. La preventiva no tiene la inmediatez ni la eficiencia de una preliminar», añadió.
Por otro lado, el especialista en legislación electoral Julio César Castiglioni se refirió al proyecto no aprobado de reforma constitucional para que sentenciados por terrorismo, rebelión, sedición no postulen a cargos de elección popular.
Al respecto, dijo que era un error que no se haya aprobado, pues en nuestro país no se cumple satisfactoriamente con el fin de la pena, que es resocializar al reo.
«Yo creo que es un error. Hay dos lecturas. Si vamos por la lectura jurídica, los abogados van a decir que ha cumplido los 10 años de pena privativa de la libertad los ha cumplido completo y, en consecuencia, ya está rehabilitado y debe salir libre. Sin embargo, hay el otro aspecto que es el aspecto social. Vamos a analizar el aspecto social. ¿Cuál es el fin de la pena? La pena es resocializar al sentenciado. ¿Nuestro sistema jurídico resocializa al sentenciado? No. Salen peor de lo que ingresaron», indicó.
«En todo caso vamos a la modificación constitucional y al Código Penal para que, cumplida la pena efectiva, (se añadan) 10 años de inhabilitación. Si la discusión es sobre el cumplimiento de la pena en materia penal, muy bien. La inhabilitación para postular a cargo público puede ser una pena accesoria», finalizó.
