Pablo Carranza
– Desde diversos sectores se exige la salida del ministro de Salud, César Vásquez, por haber generado un desabastecimiento de suero en el país al persistir en el cierre de la planta de Medifarma ¿Cuál es su opinión al respecto?
La decisión del ministerio es una decisión institucional, pero en mi concepto viola el principio constitucional de la razonabilidad. El Tribunal Constitucional ha establecido, en abundante jurisprudencia, que las normas legales no solo tienen que ser legales, tienen que ser razonables, igual que las sanciones. En este caso, por el lamentable problema que está bajo investigación de la Fiscalía, lo que ha hecho el ministerio, en lugar de limitar su investigación al suero, que de hecho ya se ha descartado en todos los demás lotes donde Digemid ha hecho una verificación suero por suero, que puede existir algún tipo de problema, lo que ha hecho el ministerio es quitarle el registro sanitario al laboratorio, lo que implica más de mil productos, y no es solo una línea de producción, son 54 líneas de producción, dejando en grave riesgo no solo de desabastecimiento al mercado, por una decisión en mi concepto no razonable, sino también poniendo en riesgo el trabajo de 2,200 trabajadores de manera directa, y casi 20,000 personas de manera indirecta. Entonces, hay que hacer una invocación a la razonabilidad y solicitarle al Ministerio de Salud que levante esta decisión, porque como te digo, viola el principio de razonabilidad.
– Los centros de hemodiálisis ya se están quedando sin stock de suero ¿qué pasaría si se da la escasez total?
Si las personas que necesitan hemodiálisis no se hacen este procedimiento, sus vidas corren riesgo. Son pacientes de alto riesgo. Tú no puedes provocar un desabastecimiento legal en el mercado por una decisión excesiva. Está muy bien ser cuidadoso, se ha revisado prácticamente la totalidad de la producción de sueros y no hay ningún problema, se hizo además el recall a todo el suero que estaba con el problema, que conocemos bajo investigación fiscal, y está limpio. No hay ningún problema adicional. El suero que tenía el problema se retiró del mercado, lo único que hay son las botellas de suero que tienen inmovilizadas varias fiscalías y el propio Ministerio de Salud y las investigaciones que hace. Entonces, no puede la autoridad tomar una decisión tan drástica porque en realidad es una decisión perjudicial. Hay líneas de producción como la de hemodiálisis y otras líneas de medicamentos básicos que están siendo gravemente afectados, por eso hay que hacerle un pedido al Minsa y al Gobierno para que actúen de una forma más equitativa, más razonable, ya la investigación penal está en curso y hay que dejar que la Fiscalía siga adelante. Una escasez artificial como la que está produciendo el Ministerio de Salud con una decisión no razonable es altamente perjudicial para la salud pública.
– ¿Eso podría configurar como abuso de autoridad?
Yo no me atrevería a calificar la conducta del ministro, pero no tengo duda de que es inconstitucional, lo que me parece más grave, porque si se trata de una sanción que es inconstitucional, es una sanción inválida legalmente, porque el Tribunal Constitucional ya estableció el principio de razonabilidad. Creo que lo que debe hacer el Ministerio de Salud es levantar esa restricción que ha puesto, no puede cancelar unilateralmente sin debido proceso los registros sanitarios de la empresa provocando una escasez artificial. Hago una invocación al Ministerio de Salud para que, siguiendo lo indicado por el Tribunal Constitucional, modere sus decisiones y sean razonables. Ya la Fiscalía que tiene este tema en investigación decidirá y hará las calificaciones que correspondan a acciones dolosas o no, pero -en todo caso- creo que lo importante es buscar que el Minsa tome una decisión que asegure el abastecimiento en condiciones sanitarias óptimas de medicamentos en Perú y que no produzca su escasez.
– ¿Qué pasaría si muere alguna persona producto de esta escasez? ¿Se le puede atribuir esa muerte al Ministerio de Salud?
Esto de introducir un riesgo en la sociedad puede implicar la responsabilidad penal. Por consiguiente, esta es una responsabilidad individual. Está Digemid, está la Dirección General de Salud. No se trata de un solo funcionario. Los funcionarios del Ministerio tienen una obligación legal, eso se llama posición de garante. ¿Quién tiene la posición de garante en el caso del abastecimiento de los medicamentos? Los funcionarios del Ministerio de Salud. Entonces, si ellos tienen la posición de garante, son responsables por sus decisiones y tienen que actuar en consecuencia. Por eso hay que hacer un llamado a los funcionarios del Ministerio de Salud para que adecúen sus acciones a la ley, y no porque se me ocurre a mí como abogado, sino porque el Tribunal Constitucional ya dijo cómo deben ser las normas y las sanciones. No es razonable provocar una escasez artificial en el mercado.
– Tras el desabastecimiento artificial de suero, provocado por la decisión del ministro César Vásquez, se ha producido una escasez y la compra apresurada de estos insumos a precios inflados ¿Qué responsabilidad le alcanza al ministro?
En nuestro sistema legal hay responsabilidades de varios tipos. Hay responsabilidades civiles, cuando uno crea daños a terceras personas, incluidas las empresas. Hay responsabilidades penales, por acción o por omisión, en algunos casos de ciertos delitos. Los delitos contra la salud pública son por acción, tienen que ser dolosos. No hay por omisión, pero las lesiones graves o leves que una persona pueda sufrir pueden ser por omisión. Hay responsabilidades administrativas, porque si una autoridad da una disposición o una sanción que sea ilegal, estas se pueden hacer de acuerdo a la ley. Finalmente, está el Instituto de Defensa de la Libre Competencia (Indecopi), que es el rector de la libre competencia. También puede constituir una práctica anticompetitiva, crear una escasez artificial en el mercado. De manera que todo esto, la maquinaria jurídica de la responsabilidad política, hasta la responsabilidad en materia de competencia, tiene la posibilidad de investigar estos hechos y tomar decisiones. En muchos de esos casos hay sanciones involucradas. El gobierno es culpable de haber creado una escasez artificial.
