JAVIER VALLE- RIESTRA
Nuestro Poder Judicial es totalitario. Si, “totalitario”. ¿Por qué? Porque es sumiso y abyecto ante el poderoso y cruel y prevaricador ante el débil. Entre la librea y la toga, prefieren la librea. Entre la quincena y la historia, prefieren la quincena. En doscientos años no encontramos una judicatura viril y altivamente democrática. Lo que hemos visto ha sido vergonzante. Habeas corpus y amparos han sido rechazados sistemáticamente cuando estaba de por medio un Poder Ejecutivo tiránico. Por eso es que hoy, si queremos democracia y garantías debemos hacer una autopsia cruel y excomulgar a los sedicentes jueces totalitarios.
El desfachatado que nos gobierna ahora, en la etapa electoral anunció esa reforma, aunque viniendo de él, un fascista empírico, no era aceptable. Hoy, sin ese individuo, debemos lanzar oriflamas reclamando en el Poder Ejecutivo, el Poder Parlamentario, y sobre todo en el Judicial una justicia testicular. Pero no va a suceder. Tenemos que esperar que el régimen entronizado hoy sea eliminado por un coup d’Etat o por una utópica auto-reforma judicial. Analicemos la historia siniestra heredera de la inquisición que es lo imperante hoy. Allí encontraremos a los torquemadas y a los mayordomos.
Como dijo González Prada, dirigiéndose a la juventud del siglo XIX, en el teatro Politeama:
“Señores: Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía; el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo con el hierro.”
Eso va a venir. No se necesita ser profeta para anunciarlo. Que tiemblen los viejos prostáticos sumisos y cobardes que no merecen ser jueces en el Poder Judicial y sus áulicos. Los conozco de memoria a los de hoy y a los de ayer.
Contaré mi propio caso. En 1969 iniciaron los togados mi persecución; me imputaron hechos que no había perpetrado. Apelando a la gloriosa clandestinidad aprista me marché subrepticiamente a España en donde me asilaron y rechazaron los pedidos inicuos de extradición. Vencí. El propio generalísimo Francisco Franco, presidiendo el Consejo de Ministros, de un mes de 1970, votó a mi favor, denegando el pedido de los inquisidores de turno.
El generalísimo dijo: “Me dicen que es aprista, Partido de izquierdas, pero no marxista, perseguido calumniosamente por un grupúsculo abyecto de mandamases, de militarotes a la antigua”. El Perú, años después (1976), se vio obligado a absolverme con todos los pronunciamientos favorables. Resulté, luego, electo constituyente, diputado y senador dos veces. El caso se resume en frases de Swift, en Viajes de Gullivert:
“Un general, un tonel vacío; un ejército en marcha, la peste”.
III
Aristóteles proclamaba que “la justicia es la base de la sociedad”. No hay duda que la función de resolver los conflictos entre los individuos es tan antigua como la humanidad misma; pero la evolución más trascendente en las instituciones es la diferencia de la función de juzgar con la de hacer la ley, lo cual aconteció con el nacimiento del Estado moderno, expuesto teóricamente por Montesquieu al afirmar que no hay libertad si el poder de juzgar no está separado del Poder Legislativos y del Poder Ejecutivo.
Hugo Alsina nos dice que la función jurisdiccional es la que mejor define el carácter jurídico del Estado constitucional; el Legislativo aprueba las leyes y el Ejecutivo las regula, pero las normas jurídicas no son creación arbitrarias del legislador, sino el resultado de una lenta evolución en la conciencia de los pueblos, pues solamente las consagra.
En cambio, la función jurisdiccional se ejerce mediante los jueces quienes por medio de sentencia, previo conocimiento de los hechos, aplican el derecho al caso concreto sometido a su decisión. En el artículo 139 de nuestra Constitución rigente de 1993, se enumera los principios y derechos de la función jurisdiccional como el debido proceso y tutela jurisdiccional, independencia y exclusividad, publicidad, motivación o fundamento de las decisiones judiciales, pluralidad y hasta indemnización, solo por citar algunos.
El epitafio de este sistema merece las frases de Don Nicolás de Piérola: “La causa de los males públicos está encerrada en esta fórmula terrible: instituciones, hombres y cosas, todo ha sido falsificado. No son verdad aquí”.
(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado y excongresista de la República.
