A seis meses de las elecciones generales de 2026, la fiscal Milagros Salazar, integrante del Equipo Especial Lava Jato, tiene lista una acusación formal por lavado de activos contra Renovación Popular, el partido liderado por el alcalde de Lima y aspirante presidencial Rafael López Aliaga y de esta manera tumbarse su candidatura al 2026.
De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, la investigación, sustentada en testimonios, documentos y acuerdos de colaboración eficaz, sostiene que la organización política, considerada sucesora jurídica de Solidaridad Nacional, habría canalizado y blanqueado fondos ilícitos provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014.
El expediente que respalda la acusación se ha construido a partir de declaraciones de colaboradores eficaces, testigos e investigados, y detalla un supuesto esquema de financiamiento ilícito que involucra a figuras clave del entorno de Solidaridad Nacional.
Según la investigación fiscal, Martín Bustamante Castillo, entonces dirigente del partido y operador de confianza de Luis Castañeda Lossio, recibió en su departamento de Miraflores sobres con un total de USD 200 mil entregados por Raymundo Trindade Serra, ejecutivo de Odebrecht, y Raul Pereira Neto, apoderado de la concesionaria Rutas de Lima. Bustamante también habría recibido USD 480 mil adicionales de OAS, repartidos en tres entregas ese mismo año.
El modus operandi, descrito por testigos, consistía en la entrega de sobres manila dentro de mochilas de laptop, sin pasar por el sistema bancario. El dinero se habría trasladado a la sede de Telefónica en la Av. Arequipa, donde José Luna Gálvez, entonces secretario general y jefe de campaña, contaba los fajos y los guardaba.
La Fiscalía sostiene que estos fondos se blanquearon mediante su registro como “aportes de campaña” a nombre de terceros, pagos de “honorarios” a Castañeda con cheques de Telefónica y la compra de un vehículo que, aunque figuraba a nombre de Bustamante, era utilizado por el alcalde de Lima.
Bustamante detalló que los USD 200 mil de Odebrecht se distribuyeron en USD 100 mil para Luna, USD 70 mil para José Quispe Lévano (jefe de prensa del partido) y dos entregas de USD 15 mil para Jorge Zegarra Lévano, asesor cercano a Castañeda. Todo el proceso se habría realizado en efectivo y fuera del sistema financiero, con la instrucción de canalizar esos recursos a la maquinaria electoral.
El expediente también describe operaciones como el depósito de 300 milsoles en un banco de Jesús María para pagar paquetes televisivos, seguido de la adecuación de contratos publicitarios a los montos realmente desembolsados y el envío de las pautas a los principales canales de televisión.
En total, la campaña de 2014 de Luis Castañeda Lossio habría recibido USD 980.000 en aportes ilícitos: USD 480.000 de OAS y USD 500.000 de Odebrecht. La fiscalía argumenta que, aunque los fondos provenían de las constructoras brasileñas, terminaron bajo control de la estructura partidaria de Solidaridad Nacional, cuya herencia recae ahora en Renovación Popular.
