Pablo Carranza

 

– ¿Considera que el Tribunal Constitucional estuvo en lo correcto en declarar fundado el Habeas Corpus que presentó la defensa de la exprimera ministra Betssy Chávez?

Sí, está en lo correcto lo de Betssy Chávez porque efectivamente pasó varios días en la cárcel sin mandato judicial vigente y eso inevitablemente tiene como un remedio necesario la libertad de la persona detenida. Es un caso, donde como ya se ha dicho y se ha puesto de manifiesto la incapacidad tanto del Ministerio Público, como del Poder Judicial para realizar correctamente su labor y ya se van acumulando muchos casos.

 

– ¿Descarta que haya peligro procesal por parte de Betssy Chávez?

Sí, sí hay peligro de fuga, por eso es que se suponía que el Ministerio Público debía actuar y no es así, por lo que se puede entender que están actuando de manera concertada.

 

– Con respecto a la anulación de la orden de prisión preventiva de 5 meses del expresidente Martín Vizcarra ¿qué diría?

La verdad es que no tengo demasiado conocimiento del tema, pero ahí sí es un caso diferente por cuanto lo que se alega es que no ha habido la debida fundamentación porque se ha cometido algunos errores, por ejemplo, en cuanto al arraigo. O sea no se ha desarrollado correctamente porque es que Martín Vizcarra no tiene arraigo domiciliario y ahí sí pudo haber hecho algo diferente la Sala, pero también se respeta el fallo judicial en la medida en que de inmediato se tomen previsiones para evitar de la fuga.

 

– ¿Por qué usted cree que la Fiscalía hace tan mal su trabajo?

Creo que básicamente hay varios factores. Uno de ellos es que los fiscales son aquellas personas que normalmente no han tenido éxito en la actividad privada y eso lo vemos en algunos fiscales que son muy mediáticos, pero en realidad no tienen mayor conocimiento teórico y cuando son invitados a dar charlas en su especialidad denotan sus deficiencias y eso es vox populi entre los estudiantes de derecho mismos. El segundo, es de que están forzados por su compromiso político de acusar y lograr detenciones, cuando en realidad el tipo penal o los hechos investigados no constituyen delito como el caso de Keiko Fujimori, o simplemente para lograr la presión y con ello el desprestigio de políticos y de periodistas o adversarios en general, aumentan la figura penal o sea buscan la figura penal más difícil o la figura penal más grave cuando después se les va a ser difícil el probar o reunir las evidencias que configuren ese tipo penal. Por ejemplo, cuando se acusa por lavado de activos y sin tener mayor fundamento, en realidad solo se está ganando tiempo para poner en la cárcel al adversario político pero en realidad va a ser muy difícil de probarlo porque es una figura compleja. Pero, claro con ello ganan casi siempre muchos meses o hasta años, en la cual el prestigio del investigado se destruye. Al parecer ese es el único objetivo que tienen los fiscales por lo demás adolecen de grandes deficiencias porque al final de cuentas un fiscal debe ascender y debe ganar prestigio por las sentencias condenatorias que logran y en Perú los fiscales, aparentemente, ganan un prestigio, una fama efímera e inútil por las por las investigaciones que llevan a cabo pero que al final como hemos visto no logran una sentencia.

 

– La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado peruano se abstenga de aplicar la Ley N° 32419 de Amnistía que recién acaba de promulgarse ¿cuál es su posición?

Bueno, en realidad, la ley de amnistía corresponde a una necesidad palmaria. Se han acusado y se han condenado a muchos militares y policías por hechos que no han cometido en realidad y han pasado muchísimos años de investigaciones, en algunos casos treinta hasta cuarenta años, sin haber reunido las pruebas necesarias y a pesar de ellos se mantienen las investigaciones e incluso condenas a gente ya anciana pero, al mismo tiempo, hay que admitir que la amnistía no era la salida jurídica más conveniente sino proponer la formación de una comisión que revisara caso por caso y propusiera al Poder Ejecutivo los indultos y con mutaciones de pena, al igual como se hizo con los condenados por terrorismo con las dos comisiones que hubo en la época del gobierno de Valentín Paniagua y en la época de Alejandro Toledo.

 

– ¿Usted cree que Perú debería salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

No, porque Perú no puede confiar en un sistema judicial que, como se ha visto en forma repetida, no presta garantías de ningún tipo para ningún ciudadano.