FERNANDO CALLE HAYEN
Es lamentable que en estos días en los que se habla tanto del convenio en Brasil y en cuanto a los colaboradores eficaces, las críticas en cuanto a la reparación civil y sobre todo la esperanza de toda la Nación de poder conocer a las personas que han destrozado la moral de nuestra República, saqueado su riqueza y negociado ilícitamente en su nombre, por lo que merecen estar en prisión y confiscados sus bienes.
El Congreso hace tiempo ha debido calificar el delito de corrupción como traición a la Patria; sin embargo tampoco crea la Fiscalía que los peruanos estamos contentos con el convenio, lo que pasa es que estamos agotando nuestros últimos minutos de paciencia y casi nuestra última ilusión en que independientemente del costo monetario de la reparación civil y las exageradas ventajas que ha sacado Odebrecht y los dirigentes del mismo en estas últimas tratativas, nuestra última ilusión es que la Justicia Peruana pueda y deba ya tenerlos -si es que los indicios le son más que razonables- encarcelados.
En el caso de lavado, confiscados los bienes, inclusive de terceros, que pudieran tener relación al ilícito y al delincuente de aquellos que como repito se han enriquecido en su vestimenta política, destrozando inclusive a los partidos políticos que integran algunos con extraordinaria historia en nuestro país.
Tenemos años que se nos dice colaborador eficaz señala, otro colaborador eficaz también y se le ha agregado la palabra candidato a colaborador eficaz y con todas nuestra limitaciones y a veces ignorancia de lo que conocemos decimos: Pero si en cualquier país del mundo, un colaborador eficaz señala y demuestra que es cierto lo dicho, el responsable de estos ilícitos en camino a su proceso, ya está en la cárcel y si es lavado confiscado sus bienes; no entendemos entonces, amén de los días que se espera con ilusión de este convenio y la actitud de la Fiscalía, porque no se ha realizado por lo menos una exigencia de explicación del caso del Presidente Toledo, del caso de la señora Villarán, del caso de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, amén de la innecesaria disolución de un Organismo Constitucional hasta esa hora independiente, ahora además autónomo con el nombre de Junta Nacional de Justicia.
Nos hemos acostumbrado a que uno mienta más que otro. Me pregunto con ustedes: ¿Si alguna vez en estos últimos diez años conocen de alguien que investigado o procesado por delito de corrupción o de lavado de activos haya reconocido su responsabilidad, admitido su dolosa actuación y sancionado por estos casos? Sin embargo, tenemos que creer que el imputado nos diga : “Yo no tengo nada que ver, no recibí nada, no estaba ahí, no lo conozco”, cuando de repente las pruebas que comienzan aglutinarse demuestran lo contrario, la respuesta más común es, no sé como lo interpreta usted amigo lector, pero vamos a entrecomillarlo y dicen: “Bueno quizás es cierto, quizás recibí el dinero, pero eso no es delito, quizás si puede ser un acto inmoral y anti ético, pero no es delito, no es sancionable”. Entonces mis queridos amigos ¿Cómo es posible? Como entendemos que algunos de los más altos dignatarios de nuestro país, en casi todas las Instituciones y órganos del Estado, algunos ante su mal procede, léase corrupción, entre otros quieran acostumbrarnos admitir que: “ Bueno es inmoral , pero no es delito”. NO A LA IMPUNIDAD
