Entregaron buena pro a empresa que figura con otro nombre en OSCE.
Por: Pablo Carranza
Recientemente ha emergido una nueva controversia que podría sacudir al gobierno regional de Junín, presidido por Zósimo Cárdenas, debido a una millonaria licitación que se adjudicó a una empresa con serias irregularidades.
Según diversas fuentes, esta firma estaría vinculada a Juan Lenon Alvarado, hijo del exgobernador regional de Huánuco, Juan Manuel Alvarado, quien habría estado en prisión por caso relacionado con manejo irregular de recursos públicos.
La licitación en cuestión está siendo investigada por las autoridades debido a presuntas irregularidades administrativas que podrían derivar en acciones judiciales.
Se conoció que la empresa ganadora de la licitación, Inversiones En Ti Jesús S.A.C., presentó su oferta en consorcio el 19-11-2024 al proceso de la licitación pública LP-SM-21-2023-GRJ-CS-1 con el importe S/ 173’631,976 millones de soles, para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de transabilidad vial interurbana en la carretera tramo: EMP PE-24 A (Paratushiali), Capiro, rio Venado, Huahuari, Ipoki, EMP. PE55 (BOCA CHENI) Distritos de Satipo, rio Negro de la provincia de Satipo del departamento de Junín.
Sin embargo, un análisis más detallado ha revelado que esta empresa actualmente se encuentra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) con otra razón social “Comercializaciones y Representaciones Baruj Hashem Adonai S.A.C”, con RNP vigente desde el 17/12/2024, por lo que a la fecha de elaboración del acta de buena pro (26/12/2024) tenía otro nombre, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso.
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Por eso se critica que los integrantes del comité de selección, compuesto por el presidente Rony Paolo Vejarano Pérez y los miembros Julio César Barraza Chirinos y Elmer Bujaico Ccoicca no se hayan alertado respecto de esta anomalía administrativa al momento de evaluar y firmar el acta de buena pro con fecha 26 de diciembre por lo que la empresa ya tenía otro nombre el 17 de diciembre.
Un aspecto aún más preocupante es que el dueño de la empresa beneficiada con el contrato sería el hijo de Juan Manuel Alvarado, quien estuvo preso en el marco de una investigación por corrupción. Este vínculo ha generado suspicacias, sobre todo en lo que respecta a la independencia y transparencia de los procedimientos de licitación.
Además, ha reavivado las sospechas sobre una posible colusión entre funcionarios públicos y empresas asociadas con personas con antecedentes penales en el ámbito político. Las autoridades competentes han iniciado una profunda investigación para determinar si existieron maniobras fraudulentas o conflictos de intereses que hayan influido en la adjudicación de la licitación.
Por otro lado, el fiscal provincial Virgilio Carrión Cabrera logró que se dictara una orden de prisión preventiva contra el exgobernador Juan Alvarado y su hijo, Juan Lenon Alvarado, por su presunta participación en una red criminal denominada «Los Negociadores de la Región». Esta organización habría operado durante el tiempo en que Alvarado estuvo al mando del Gobierno Regional de Huánuco y se habría dedicado a desviar recursos a través de proyectos de inversión pública.
La investigación fiscal sostiene que el exgobernador lideró esta red criminal, que operaba en varias municipalidades de Huánuco, así como en otras regiones cercanas, como Pasco.
Además, la organización utilizaba empresas fachada, que aparentemente no estaban vinculadas con ellos, para canalizar proyectos de inversión pública y desviar fondos destinados a obras y servicios. De esta forma, lograban obtener beneficios económicos ilícitos a costa de los recursos públicos y perjudicaban a los ciudadanos que debían beneficiarse de los proyectos de desarrollo.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción, especialmente en lo que respecta a las organizaciones criminales que operan dentro del aparato estatal.
En este sentido, se destacó la importancia de continuar con investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de estos actos que perjudican tanto a las instituciones como a la ciudadanía.
La investigación sobre los vínculos de los Alvarado con la empresa que obtuvo la licitación en Junín evidencian la necesidad urgente de una revisión profunda de los procesos de contratación pública para evitar que este tipo de prácticas ocurran.