Ministerio del Interior aprueba norma que favorecería a empresa china Hytera

Un nuevo escándalo por direccionamiento en contrataciones en el Gobierno. Lo que a primera vista fue presentado como una rutina reglamentaria para reforzar la seguridad ciudadana ha resultado ser, según denuncias de fuentes del sector, un esquema normativo «hecho a la medida» para beneficiar a un único postor: la empresa china Hytera.

A través de la Resolución Ministerial N° 0791-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por el ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante, se aprobaron las “Características de las cámaras de video corporales activas a emplearse por el personal de serenazgo municipal”. La norma, lejos de buscar la mayor competitividad, habría adecuado sus requisitos técnicos para calzar exclusivamente con el catálogo de la mencionada firma asiática, dejando de lado opciones de mayor nivel y estándar internacional.

ESPECIFICACIONES

De acuerdo con fuentes con conocimiento directo del proceso, el Ministerio del Interior (Mininter) prefirió silenciar un antecedente clave: antes de la publicación oficial, circularon en el sector borradores de características técnicas mucho más amplias, modernas y competitivas. Dichas especificaciones habrían permitido la libre participación de proveedores de primer nivel mundial —como la multinacional Motorola—.

Sin embargo, esos borradores que «abrían la cancha» y aseguraban un proceso transparente nunca vieron la luz en el diario oficial. En su lugar, el Mininter optó por publicar los requisitos originales que coinciden con precisión milimétrica con el portafolio de productos de Hytera.

MUCHA ATENCIÓN

Especialistas en seguridad alertan que el anexo técnico de la resolución contiene al menos cinco exigencias que, al combinarse, bloquean arbitrariamente a competidores globales y comprometen la eficiencia policial:

Doble batería removible: Exigir un mínimo de dos baterías extraíbles rompe directamente la cadena de custodia del registro audiovisual. Si la batería se puede remover libremente, el video grabado queda expuesto a manipulaciones o borrados. Los estándares internacionales priorizan memorias internas protegidas para blindar la evidencia.

Activación por «switch deslizable»: En una situación de alta tensión o agresión, un sereno necesita activar el equipo bajo presión de forma inmediata. Un switch deslizable es ergonómicamente inferior a un botón de golpe.

Acceso con clave para encendido: La norma obliga a que el equipo requiera una contraseña para prenderse. Esto implica que, ante una emergencia, el agente debe detenerse a digitar caracteres en lugar de documentar los hechos en tiempo real, contraviniendo los mandatos de organismos internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza.

Infrarrojo de largo alcance: Las cámaras corporales deben registrar con fidelidad lo que ve el ojo humano. El infrarrojo distorsiona la perspectiva real del sereno, pero es una característica específica que posee el modelo disponible de Hytera.

Batería interna de respaldo (3 minutos): Un sistema diseñado para mantener encendido el equipo mientras se cambia la batería principal, sumando otra vulnerabilidad técnica que solo describe los productos de la marca favorecida.

VINCULACIONES

El documento técnico que sirvió de base para esta polémica resolución lleva el visto bueno y la firma del comandante PNP Mario González, actual director de Políticas de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Mininter. Fuentes del sector señalan a González como el encargado de conducir este proceso normativo de extremo a extremo.

Sin embargo, el hilo conductor trepa hasta los niveles más altos del Ejecutivo:

El factor Jeri: Hytera es una empresa conocida en el historial de cuestionamientos del país. Fue señalada públicamente como la predilecta durante la gestión del expresidente José Jeri, época en la que se tejieron polémicos contratos como el de Sinohydro para el hospital de Huancavelica y la compra de pistolas eléctricas para la PNP cuyas marcas coincidían con el entorno presidencial.

MUNICIPIOS OBLIGADOS

El impacto de esta resolución es nacional y sumamente grave para las arcas públicas. La norma del Mininter establece que estas especificaciones son de cumplimiento obligatorio para todas las municipalidades provinciales y distritales que cuenten con servicio de serenazgo.

Lo más grave es que el financiamiento no vendrá del Ejecutivo, sino que correrá a cargo de los presupuestos institucionales de cada municipalidad; es decir, se pagará con el dinero de los contribuyentes.