A la par, consultora de Cecilia Blume, donde era socia otra hermana del ministro, asesoraba a empresa sobre concesión y las adendas posteriores
La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), el proyecto de inversión que debería haber servido para masificar Internet a lo largo del territorio nacional, no está dando los resultados esperados. Pero hasta el día de hoy era muy poco lo que se sabía sobre los entretelones del millonario contrato, logrado por una firma de origen mexicano.
Se trata de Azteca Comunicaciones Perú SAC, perteneciente al Grupo Salinas, propietarios del Banco Azteca y la cadena TV Azteca, cuyo dueño es el magnate mexicano Ricardo Salinas. Ellos lograron dicha concesión como postor único (los otros dos que quedaron en carrera se retiraron antes de culminar el proceso) y la firma del contrato se dio finalmente el 17 de julio del 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala.
(Ricardo Salinas)
El financiamiento para construcción operación y mantenimiento de esta enorme red se ha otorgado a 20 años y asciende a cerca de US$333 millones. Durante la construcción, sin embargo, no se habría respetado el trazo y características del contrato original, pese a lo cual funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmaron las actas de recepción de la obra -entregada en 6 etapas- y desembolsaron los pagos correspondientes.
Se tiene conocimiento además de que la infraestructura de la red es muy frágil, está tendida usando rutas paralelas y alternas poco seguras, lo que habría significado menos gasto para la empresa privada. Se estima que el constructor ahorró 100 millones de dólares con estas modificaciones.
Nunca pierden
A pesar de ello, Azteca Comunicaciones se ha visto favorecido con una serie de adendas. La primera de ellas fue aprobada y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de noviembre del 2014.
El primer elemento que se modificó fue el numeral 2.67 de la cláusula 2, referido al pago de la Retribución por Inversión (RPI), que es el pago trimestral que se realiza para retribuir la inversión de concesionario, a realizarse a través del Fideicomiso Red Dorsal.
Allí se establece que, en caso dichos ingresos “no sean suficientes para cubrirlos, corresponderá al concedente [el Estado] pagar
el cofinanciamiento del RPI”, lo que significa cero riesgos e ingresos garantizados para Azteca Comunicaciones, empresa de capitales mexicanos perteneciente al Grupo Salinas, de los propietarios del Banco Azteca y TV Azteca.
Además el pago por la obra estaba sujeto a la recepción por etapas y de acuerdo a diversas informaciones se recibió a pesar de no estar conforme y así lo acreditarían los informes de las supervisoras.
Como ejemplo se detalla que el Estado recibió las etapas sin la propiedad de los 420 nodos (centrales de interconexión) que deberían ser de propiedad del Estado y fueron solamente alquiladas para todos los efectos.
Pese a ello, dieron luz verde y pasaron la discusión a un arbitraje.
Asimismo, se liberaron todas las garantías, que ascendían a S/70 millones, que garantizaba al Estado la construcción y la operación.
¿Cómo se explica la enorme suerte del Grupo Salinas en su más importante contrato con el Estado peruano? Quizá la clave esté en CB Consult SAC, de la abogada Cecilia Blume, conocida gestora de intereses en el Estado peruano. La firma mexicana aparece en la web de la consultora como uno de sus clientes.
(Cecilia Blume)
Las hermanas
En aquel entonces, una de las socias de Blume en su consultora era nada menos que Carolina Castilla Rubio, hermana del exministro de Economía Luis Miguel Castilla, uno de los hombres fuertes del humalismo, el mismo que ocupaba dicho cargo durante la época en que se dio el concurso de la Red Dorsal de Fibra Óptica.
(Luis Miguel Castilla)
Carolina Castilla ocupó el cargo de socia – directora en CB Consult del año 2008 al 2016, como se puede ver en su perfil de Linkedin. Cabe resaltar también que, durante su presentación en la Comisión Lava Jato del Congreso en el 2017, la propia Blume Cillóniz reconoció que su consultora asesoró a los mexicanos sobre la mencionada concesión.
CB Consult gestionó todas las adendas para la garantía del Estado y la emisión de bonos.
Pero no es la única integrante de la familia Castilla involucrada. Del lado de Azteca Comunicaciones se encuentra también Rocío Castilla Rubio, quien ocupa desde julio del 2014 –mes en que se firma el contrato de concesión– el cargo de directora de Soporte a la Operación de la firma de origen mexicano.
Se debe precisar que si bien la actual viceministra de Comunicaciones, Rosa Virginia Nakagawa Morales, trabajó para Azteca, no lo hizo en la fecha en que se suscribió el contrato (17 de junio de 2014).
Nakagawa mantuvo una relación contractual con la empresa de enero a diciembre del 2016 y asumió el viceministerio de Comunicaciones el 11 de enero del 2018.
Pese al tiempo transcurrido -más del que exige la ley para la configuración de la causal de conflicto de intereses- decidió inhibirse de las negociaciones que han iniciado el MTC y la concesionaria para efectuar cambios al contrato. Es decir, nuevas adendas.
Cabe señalar además que el concurso se gesta mientras Carlos Paredes ocupaba el cargo de ministro de Transportes, pero se firma cuando la cartera ya la había asumido José Gallardo Ku. El viceministro de Comunicaciones entre agosto del 2011 y diciembre del 2014 era Raúl Pérez Reyes, actual titular de la Producción.
