La vicepresidenta de Transición Ecológica de España elude el cambio que pide el sector: que se graven los beneficios, no los ingreso.
Entre las enmiendas que el Grupo Socialista en el Congreso de España ha presentado hoy al articulado de la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y la banca, se propone ampliar el ámbito de aplicación del impuesto a empresas más allá de los considerados operadores principales de los sectores energéticos. Tienen esta consideración las compañías con una cuota superior al 10% de su mercado.
Concretamente, según la lista de la CNMC, en el sector eléctrico son Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies y EDP; en el del gas natural, Naturgy, Endesa, Repsol, Iberdrola y Cepsa; en el de los carburantes, Repsol, Cepsa, BP España, Península Petroleum y Petronieves y en el de los gases licuados del petróleo (GLP), Repsol, Cepsa, BP España, Naturgy y Disa Corporación.
A estos potenciales contribuyentes del impuesto, el PSOE propone añadir a “las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbitode la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería”. Todo ello, “en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación”.
Quedarían exentos del gravamen los operadores principales cuyo importe neto de de la cifra de negocios correspondiente a 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y los que en 2017, 2018 y 2019 no excendan del 50% de dicho importe cada año respectivo.
La enmienda no hace referencia a la energía eléctrica o el gas, con lo que el tributo se concentraría en las grandes eléctricas y gasísticas y deja fuera a otras energéticas foráneas que desarrollan en España proyectos de renovables.
Tampoco se incluye la principal modificación que ha venido reclamando el sector: que el impuesto grave los beneficios, tal como establece la UE y no los ingresos, como plantea la norma en trámite.
La “prestación” se ingresará en el Tesoro y sus ingresos se destinarán a la contribución solidaria temporal para hacer frente a los elevados precios de la energía, como financiar a los clientes finales, reducción del consumo, ayuda a grandes consumidores o proyectos transfronterizos.
