Igualmente, en las zonas de Sullana, Bellavista y otros lugares dentro de la región de Piura
La noche del día de ayer, 19 de septiembre, el Poder Ejecutivo ha decretado formalmente el estado de emergencia en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, ubicados en el departamento de Lima.
Del mismo modo, se ha decidido implementar esta acción en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, que forman parte de la provincia de Sullana, ubicada en el departamento de Piura. En consecuencia, se establece que se suspendan las actividades sociales y los espectáculos durante el período de 00:00 a 04:00 en estos lugares.
La declaración mencionada se extenderá por un período de 60 días consecutivos, según lo establecido en el Decreto Supremo 105-2023-PCM, que se hizo pública esta noche en una edición especial de la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Este dispositivo legal establece que el estado de emergencia aplicado en esas áreas conlleva «la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales». Estos derechos están definidos en los apartados 9, 11, 12 y 24, además del inciso f) del artículo 2 de la Constitución.
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Además, se especifica que la actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las áreas mencionadas estará sujeta a las normativas establecidas en los decretos legislativos 1186 y 1095, siendo este último complementado por el Decreto Supremo 003-2020-DE.
Se indica que el Ministerio del Interior coordinará operaciones policiales en colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional encargada de supervisar los Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.
Asimismo, esta cartera ministerial colaborará con las autoridades de las regiones y municipios para llevar a cabo a cabo actividades de «fiscalización administrativa» en el transporte público, incluyendo vehículos menores, y en lugares de diversión, espectáculos y hospedajes.
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También se llevarán a cabo trabajos de supervisión mediante cámaras de video, patrullajes coordinados y la actualización de los registros de actividades delictivas y peligros.
El decreto también concede permiso a la Policía para llevar a cabo operaciones destinadas a reforzar la seguridad en las instalaciones de reclusión, en sus alrededores y en el espacio aéreo circundante.
