Este monto, que debería ser ejemplar viniendo de una entidad gubernamental, se presenta como una cifra ominosa que exige una pronta solución
Las cifras recientemente reveladas por Perú21 han desatado no solo la sorpresa, sino también la indignación en la sociedad peruana. La noticia destaca que un asombroso total de 2,728 instituciones gubernamentales, distribuidas en los tres niveles del Estado, se encuentran en deuda con sus propios trabajadores. Estas entidades han desviado los aportes destinados a las AFP de sus empleados hacia destinos desconocidos, afectando a una abrumadora cantidad de 431,936 personas.
El impacto de esta situación es profundamente perjudicial, ya que el dinero retenido a los trabajadores no está siendo depositado en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), privándoles así de la rentabilidad que estos fondos podrían generar para asegurar sus pensiones futuras. Este desvío de recursos plantea un daño potencialmente irreparable para los servidores públicos, quienes, a menudo, desconocen el destino y la gestión de los descuentos aplicados en sus boletas de pago.
Resulta alarmante constatar que la deuda acumulada del Estado con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) asciende a más de 12 mil millones de soles. Este monto, que debería ser ejemplar viniendo de una entidad gubernamental, se presenta como una cifra ominosa que exige una pronta solución. Afortunadamente, existe un programa especial denominado REPRO – AFP, que permitiría a estas instituciones ponerse al día, posibilitando así que miles de afiliados recuperen sus aportes y la rentabilidad asociada.
A pesar de los recientes esfuerzos legislativos para proteger los fondos de pensiones, incluida una ley que impone penas de hasta seis años de prisión a los empleadores que se apropian indebidamente de estos recursos, el Congreso parece estar desatendiendo problemas cruciales. Mientras se aprueban múltiples retiros de fondos de las AFP, hasta un séptimo ya planteado, la atención prestada a cuestiones como la presente es limitada, incluso cuando afecta a una considerable cantidad de servidores públicos.
Es imperativo destacar que, más allá de la posibilidad de que esta situación sea simplemente producto de una incompetencia flagrante, debe ser investigada a fondo y aquellos responsables deben ser sancionados. El exministro David Tuesta ha sugerido que, si el Estado no puede manejar esta tarea aparentemente sencilla, se deberían buscar mecanismos alternativos, como la participación de instituciones bancarias para gestionar directamente la retención de estos aportes.
La denominada política del «perro muerto», que consiste en ignorar o minimizar problemas graves, es censurable en cualquier contexto. Sin embargo, resulta aún más condenable cuando se aplica a trabajadores cuyos ingresos se ven mermados, comprometiendo su seguridad financiera con la esperanza de construir un fondo previsional para su futuro. En este escenario, la urgencia de abordar esta situación no puede ser subestimada, y la sociedad espera una pronta y efectiva respuesta por parte de las autoridades pertinentes.
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