Aparte, en procesos de arbitraje ha sido condenado a resarcimientos por US$ 43 mlls-
El Estado peruano, según informe de elcomercio.pe en base a fuentes del MEF, enfrenta demandas de empresas privadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por unos US$1.500 millones, sin contar los US$1.500 millones exigidos por un fondo acreedor de bonos agrarios, un caso histórico que aún no encuentra cauce.
A estas demandas, se añadirían loCs litigios potenciales, en proceso de presentación y evaluación, que sumarían no menos de US$1.500 millones.
Aparte hay que considerar los 17 casos en los que el Estado peruano ha sido parte de procesos de arbitraje, en los que ha sido condenado a resarcimientos en 3 arbitrajes por un total de US$43 millones, según el MEF.
Entre estos casos perdidos están los del empresario pesquero chino Zha Yap Shum, quien reclamó por un embargo sobre sus cuentas bancarias, que afectó su negocio de exportación; de la generadora eléctrica Duke Energy, por incumplir un convenio de estabilidad jurídica en temas tributarios; y el de Bear Creek Mining Corporation, por derogar el decreto supremo que viabilizaba la operación del proyecto aurífero Santa Ana en la frontera con Bolivia. Día1 supo que este pago está en cobranza.
“El Estado negocia muy bien sus contratos”, dice Alfredo Bullard, socio de Bullard y miembro del equipo que diseñó el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias de Inversión (Sicreci) en el MEF.
Esta institución se encarga de canalizar y representar al Estado Peruano en arbitrajes internacionales.
